Violencia, medidas regulatorias y acoso judicial limitan libertad de expresión en México: SIP
En México la libertad de expresión se encuentra bajo acecho ante la persistente violencia contra periodistas, así como por procesos judiciales y medidas regulatorias. Además, durante este año también se registraron desapariciones, amenazas de muerte, agresiones físicas y presiones para retirar o limitar información, señala el reporte anual de la Sociedad Interamericana de Prensa que será presentado durante su 82 Asamblea General, que se celebra en la capital de Colombia.
De acuerdo con el informe, todas estas circunstancias afectan las condiciones para que en México se ejerza la libertad de expresión.
En este contexto, la SIP da cuenta de algunos de los casos en lo que periodistas han sido víctimas de asesinato, agresiones o amenazas.
“Entre los casos más graves se encuentran los de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, asesinado en julio en Puebla; Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista crítico de autoridades, cuyo homicidio ocurrió también en Oaxaca, y Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado en agosto en Puebla. En algunos de estos casos existían amenazas previas o publicaciones relacionadas con asuntos sensibles. La SIP, el CPJ y RSF reclamaron investigaciones exhaustivas y que no se descartara la actividad periodística como posible móvil. Se registraron otros tres asesinatos que, según informes de prensa disponibles al momento de este informe, no presentan indicios ni evidencias de vínculos con el trabajo periodístico de las víctimas.
La violencia no se limitó a los homicidios. También se documentaron amenazas contra periodistas y sus familiares en Sinaloa y Tlaxcala, campañas de señalamiento en redes sociales, agresiones durante coberturas y presiones para retirar materiales periodísticos. Destacó el caso de dos periodistas que, según la denuncia recopilada, fueron obligados por efectivos de la Secretaría de Marina a borrar imágenes y videos mientras documentaban un presunto derrame de petróleo en Tamaulipas. En Chiapas y Oaxaca, periodistas incorporados al Mecanismo de Protección señalaron que las medidas existentes no eliminaban los riesgos derivados de sus coberturas. En septiembre se sumaron amenazas contra el periodista poblano Jaime López y la agresión física contra la fotodocumentalista Abril Ángel durante una protesta en Ciudad de México”, apunta el informe.
“Frente a este escenario, se produjeron acciones institucionales para fortalecer la protección y la investigación de los delitos contra periodistas. La SIP y el Comité para la Protección de Periodistas sostuvieron reuniones con la Suprema Corte y la Fiscalía General de la República y plantearon la necesidad de mejorar la capacitación judicial, la coordinación institucional y la respuesta frente a los crímenes contra periodistas. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales continuaron señalando la impunidad como uno de los principales factores de riesgo. Reporteros sin Fronteras ubicó a México en el lugar 122 de 180 países en su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026 y en el 160 en el indicador de seguridad”, apunta Leo informe preparado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
La SIP express que otro foco de preocupación durante el periodo del reporte fue el uso de disposiciones legales y procedimientos judiciales con posibles efectos inhibitorios sobre la actividad periodística y destacó el caso de la llamada “Ley Serrano”, en San Luis Potosí, así como la alerta que se disparó con la presentación del gobierno Federal de lineamientos sobre derechos de las audiencias y sus posible efectos nocivos sobre la libertad de expresión.
“El caso más relevante fue en San Luis Potosí, donde una ley relacionada con el uso de inteligencia artificial, derivó en procesos contra periodistas. Organizaciones de libertad de expresión cuestionaron conceptos considerados amplios y advirtieron sobre su posible utilización contra voces críticas. La CIDH manifestó preocupación por los procedimientos derivados de esta legislación. A ello se sumó la discusión sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Organizaciones periodísticas, académicos y otros actores expresaron preocupación por la posibilidad de que algunas disposiciones afectarán la libertad editorial o generaran autocensura, particularmente si autoridades administrativas pudieran intervenir en contenidos periodísticos. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se tratara de censura y defendió la regulación como una vía para garantizar los derechos de las audiencias. Los lineamientos fueron aprobados el 26 de agosto, aunque permanecieron cuestionamientos sobre la distinción entre información y opinión y sobre los mecanismos de supervisión”, señala el reporte.
El informe también da cuenta de que la relación entre el gobierno Federal y algunos medios de comunicación estuvo marcada por “confrontaciones públicas y nuevas formas de seguimiento de la conversación digital”.
La SIP es una organización integrada por más de mil 300 medios impresos, televisoras, radios y nativos digitales, asociaciones de prensa, empresas proveedoras de servicios e individuos, Cuba misiòn es promover las libertades de expresión y de prensa.
