Tras la tragedia, el agravio: por negligencia oficial, funeraria entrega cuerpo de víctima de trenazo en estado de descomposición
La familia del turista sonorense Rogelio Alfonso Luna Luna denunció un indigno y alarmante manejo de su cuerpo tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda. Acusaron a la Fiscalía de Oaxaca y a servicios funerarios privados de permitir que sus restos fueran almacenados sin refrigeración ni protocolos forenses, entregándolos en avanzado estado de descomposición.
Rogelio, de 63 años, originario de Caborca, Sonora, murió durante el accidente ocurrido el 28 de diciembre. Aunque las autoridades afirmaron haber establecido un protocolo de identificación y traslado, los familiares descubrieron que el cuerpo permaneció horas en un espacio sin condiciones sanitarias adecuadas, presuntamente por un refrigerador desconectado en la funeraria Ernult.
La indignación aumentó cuando los hijos del fallecido confirmaron que el cadáver presentaba daños severos atribuibles al abandono institucional. A pesar de las promesas del gobierno estatal de brindar apoyo integral a las familias afectadas, la entrega del cuerpo se convirtió en un episodio doloroso que exhibió la falta de supervisión y coordinación oficial.
Los familiares exigieron explicaciones formales al Ministerio Público responsable del levantamiento y resguardo de los restos. Señalaron que no hubo acompañamiento ni información clara durante el proceso, y acusaron a los funcionarios de actuar con indiferencia ante el sufrimiento que ya vivían por la tragedia ferroviaria en el Istmo.
Rogelio había dedicado más de 30 años al transporte de productos agrícolas entre México y Estados Unidos. Tras jubilarse hace dos años, se mudó a Mexicali para disfrutar su retiro junto a su esposa Honoria Medina Pérez. Viajaba como turista cuando el tren descarriló, cobrando su vida y la de una cuñada.
La pareja había emprendido un recorrido vacacional de fin de año, acompañados por familiares. Planeaban visitar municipios de Sonora y Veracruz, y decidieron viajar en el Tren Interoceánico para conocer la obra ferroviaria. El siniestro truncó esos planes y dejó a una hija herida, mientras el manejo oficial de los restos agravó su dolor.
El accidente ferroviario dejó 13 personas fallecidas y 98 heridos. En medio del caos, la familia Luna Medina confió en que el gobierno estatal y la Fiscalía actuarían con profesionalismo y respeto. Sin embargo, la evidencia del trato recibido mostró lo contrario, profundizando la desconfianza hacia las instituciones encargadas.
Los familiares advirtieron que emprenderán acciones legales hasta las últimas consecuencias contra la funeraria y los servidores públicos involucrados. Afirmaron que la negligencia no solo vulneró la dignidad del fallecido, sino que constituyó un acto inadmisible para cualquier autoridad encargada de resguardar cuerpos en situaciones de emergencia.
La entrega de un cuerpo en esas condiciones, señalaron, demuestra fallas estructurales en los protocolos de respuesta del gobierno estatal. Consideraron que la falta de controles, supervisión e infraestructura adecuada revela un sistema colapsado que no está preparado para atender tragedias de esta magnitud con humanidad y profesionalismo.
La familia exigió una investigación inmediata y sanciones ejemplares. Aseguraron que su lucha no busca venganza, sino evitar que otras víctimas sean tratadas con el mismo abandono. La tragedia del tren en Nizanda ya había marcado a decenas de familias; el Estado, acusaron, terminó profundizando ese dolor con su negligencia.
