Negligencia de la SICT permitió que irregularidades en la Línea Z derivaran en tragedia ferroviaria mortal
La tragedia del 28 de diciembre en la Línea Z del Tren del Istmo, que dejó 13 muertos, expuso una cadena de omisiones deliberadas de la SICT. Durante años, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario ignoró denuncias y no abrió procedimientos, pese a auditorías que documentaban pagos irregulares y fallas técnicas graves.
Entre 2020 y 2023, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías reiteradas en la rehabilitación de la vía, sin que la autoridad ejecutora ni la supervisora actuaran. La ASF advirtió deficiencias estructurales, materiales de menor calidad y sobrecostos que sumaron más de 33 millones de pesos en daño potencial al erario federal.
Los auditores revelaron pagos por obras inexistentes, como letreros normativos que nunca fueron acreditados físicamente. La empresa contratista justificó el faltante con supuestos actos de vandalismo sin pruebas, mientras la SICT, obligada a investigar y sancionar, optó por omitir cualquier seguimiento administrativo o penal que permitiera castigar estas prácticas.
El caso más alarmante fue la instalación de “rieles fantasma”. Se pagaron rieles de 136 libras por yarda —más resistentes y costosos—, pero se colocaron de 115 libras, más ligeros y de menor capacidad estructural. Este engaño quedó documentado en un tramo de más de cuatro kilómetros, sin aclaración solvente.
La ASF rechazó la explicación del Ferrocarril del Istmo, que calificó la diferencia como “error mecanográfico”. La observación permanece abierta porque el daño económico supera los 2.6 millones de pesos. La autoridad supervisora tampoco intervino. Estas omisiones alimentaron un contexto de riesgos que hoy se refleja en una tragedia anunciada.
Las irregularidades también incluyen pagos excedentes por más de 28.8 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023. Hubo inconsistencias en precios unitarios, ajustes sin sustento técnico y maquinaria o personal “fantasma”. Nada de esto motivó acciones de control por parte de la SICT, pese a tratarse de recursos públicos federales.
En otros tramos, la ASF detectó anticipos millonarios sin evidencia de trabajos iniciados, así como balasto pagado en exceso. Halló además fallas en planeación, ausencia de estudios en zonas de alta pendiente y supervisión deficiente desde 2019. Todas estas anomalías fueron advertidas a tiempo, sin reacción institucional efectiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Aunque no existe una relación causal confirmada entre estas fallas y el descarrilamiento reciente, los propios informes alertan sobre el riesgo inherente de operar un sistema ferroviario rehabilitado con materiales inferiores y sin control técnico adecuado. La SICT, responsable de garantizar la seguridad ferroviaria, ignoró durante años estas advertencias.
La ausencia de investigación interna por parte de la ARTF constituye una negligencia grave. La autoridad tenía facultades para iniciar procedimientos administrativos y penales, pero decidió no hacerlo. Con ello dejó impunes prácticas que comprometieron la estabilidad de la vía y pusieron en peligro directo a miles de usuarios.
Hoy, mientras se investigan las causas inmediatas del siniestro, las observaciones de la ASF siguen abiertas y sin aclaración. Lo que sí está claro es que las omisiones de la SICT permitieron que irregularidades documentadas permanecieran intocadas. La tragedia del 28 de diciembre no solo es un accidente: es el resultado de años de indiferencia oficial.
