Incendian viviendas en San Pedro El Alto, #Oaxaca; denuncian violencia reiterada sin respuesta del gobierno de Oaxaca
Al menos seis viviendas fueron incendiadas este miércoles 31 de enero en el paraje conocido como La Cofradía o El Campamento, perteneciente a la comunidad indígena de San Pedro El Alto, municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. Habitantes y autoridades comunitarias calificaron el hecho como parte de una violencia persistente, sin atención efectiva estatal ni federal.
Estos incendios se suman a más de veinte casas destruidas previamente en la ranchería El Tlacuache, dentro de una secuencia de ataques que ha provocado desplazamientos forzados, pérdidas patrimoniales totales y un clima permanente de miedo. Pese a denuncias reiteradas, no existen detenidos ni acciones contundentes para proteger a la población afectada.
San Pedro El Alto es reconocido a nivel nacional por su empresa comunitaria de aprovechamiento forestal, considerada un modelo de organización indígena. Pobladores señalaron que la violencia se intensificó tras invasiones territoriales atribuidas a habitantes de Santo Domingo Teojomulco, conflicto que, afirman, derivó en agresiones sistemáticas contra la comunidad.
Autoridades comunitarias advirtieron que cada vivienda incendiada representa algo más que un daño material, pues implica la destrucción de la memoria colectiva, del trabajo comunitario y de la historia del pueblo. Denunciaron que la omisión institucional ha permitido la repetición constante de ataques, profundizando la vulnerabilidad de las familias afectadas.
Habitantes cuestionaron la ausencia de fuerzas de seguridad y de medidas de protección, pese a compromisos públicos de garantizar la paz y los derechos de los pueblos indígenas. En contraste, acusaron que los agresores actúan con impunidad, sin consecuencias legales ni frenos efectivos por parte de las autoridades responsables.
Organizaciones locales advirtieron que lo ocurrido no puede reducirse a un conflicto agrario, sino que constituye violencia reiterada y desplazamiento forzado. La comunidad exigió protección inmediata, investigaciones imparciales y acompañamiento de organismos de derechos humanos, al advertir que el silencio oficial también se convierte en agresión.
