Rechazan ex dirigentes de la Sección 22 acusaciones de corrupción en su contra ▶
Exdirigentes del Comité Ejecutivo de la Sección 22 de la CNTE rechazaron hoy las acusaciones hechas por el gobierno de Salomón Jara de haber cometido actos de corrupción en su gestión. “Lo que buscan es dividir el movimiento”, reviraron.
En una carta pública firmada por Eloy López Hernández, ex secretario general; Genaro Martínez Morales, exsecretario de Organización, y José Carlos López Alonso, exsecretario de Finanzas, precisaron que las acusaciones del gobernador Salomón Jara y del titular del IEEPO, Emilio Montero, buscan “desestabilizar y dividir al movimiento magisterial”.
En la más reciente conferencia mañanera, Jara Cruz y Montero Pérez acusaron que la ex dirigencia magisterial que encabezó Eloy López Hernández de recibir cada año 20 millones de pesos del gobierno de Alejandro Murat para financiar la Guelaguetza Magisterial.
Ante tal acusación, los exdirigentes magisteriales retaron al gobernador y al director del IEEPO de que “sí existen pruebas, deben presentarlas ante las instancias correspondientes, y no utilizar esta estrategia política para dividir al movimiento magisterial”.
Consideraron que resulta “inadmisible que hoy exista una clara coordinación política entre la nueva dirigencia seccional y el Gobierno del Estado para acusar sin pruebas a la dirigencia anterior, y eso es sumamente riesgoso para la autonomía sindical que está siendo violentada perversamente.
Manifestaron que la injerencia del gobierno estatal en los asuntos internos de la Sección 22 es más que evidente, así como la complacencia de la nueva representación”.
Explicaron que “nadie tiene la capacidad de manipular al movimiento de más de 83 mil trabajadores, y quien así lo afirme desconoce sus instancias y sus procesos”.
Expusieron que en la actual coyuntura, las movilizaciones y acciones políticas que tanto molestan a Salomón Jara han sido determinadas por la Asamblea Estatal y sobre todo por la consulta a las bases. Decir que esta decisión ha sido manipulada, representa una ofensa a la propia consulta, a la Asamblea Estatal y a las bases.
Los exdirigentes señalaron que la campaña de difamación en su contra obedecen a los desatinos y desencuentros del actual gobernador con el magisterio. Fue su responsabilidad como senador no haber votado para abrogar la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto.
Y ya como candidato a la gubernatura declarar como un crimen del magisterio el rezago educativo en Oaxaca, o prometer que el PTEO sería una realidad como política educativa en Oaxaca, sin conocerlo.
