Periodista Ernesto Rojas Ayuzo denuncia amenazas en Oaxaca, responsabiliza a Jesús Romero y pide el mecanismo federal
El periodista Ernesto Rojas Ayuzo denunció este lunes un aumento de amenazas y hostigamiento. Responsabilizó al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y alertó por su integridad y la de su familia. Medios locales difundieron el caso el 31 de agosto de 2026, en un entorno de alta tensión para la prensa crítica del estado.
Su preocupación creció después de que la Secretaría de Gobierno oficiara a la Fiscalía estatal. El requerimiento preguntaba por denuncias de Rojas contra el gobernador Salomón Jara Cruz y el propio Romero, y si el comunicador ya cuenta con medidas de protección. El periodista pidió reforzar su seguridad e ingresar al Mecanismo federal de Protección para Periodistas.
Más tarde, Romero negó haber ordenado fabricación de delitos, detención o persecución contra Rojas Ayuzo. El funcionario pidió revisar las medidas de protección del comunicador. Hasta el cierre de esta nota no circulaba el texto íntegro del oficio ni un inventario público de cada amenaza reciente atribuida al hostigamiento.
Rojas Ayuzo publica en X como voz crítica local. Investiga al gobierno estatal, seguridad, despojos y a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca. Sus columnas critican a Romero por conflictos comunitarios, la mesa de seguridad y presunta tolerancia hacia esa organización, vinculada en reportajes a Noé Jara Cruz.
No pertenece a un medio nacional de plantilla. Opera con alto perfil de confrontación, similar al que tuvo Alejandro Leyva Aguilar antes de ser asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla. Leyva también responsabilizó a Jara, a Romero y al consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero, y pidió protección, lo que no evitó el crimen.
El historial de Rojas incluye una amenaza de muerte grabada en 2021, durante una marcha en la capital. En marzo de 2026 ya responsabilizó a Romero por su integridad y acusó un intento de fabricarle un delito. El 24 de julio dijo tener denuncia penal contra el secretario por portales usados para denostar, amenazar e intimidar.
El oficio de la SEGO admite dos lecturas. Una institucional: coordinar protección tras el asesinato de Leyva. Otra política: indagar carpetas y el grado de exposición de quien investiga al gabinete. Rojas sostiene la segunda. Romero niega persecución. No hay prueba pública de que el documento sea una orden de hostigamiento.
El periodista pide el Mecanismo federal creado en 2012, que pueda otorgar escoltas, rondines o reubicación tras evaluar el riesgo. La desconfianza en instancias estatales creció porque Leyva denunció amenazas desde 2025 y el aviso al mecanismo federal llegó con meses de retraso, según organizaciones.
Después de ese homicidio, Pedro Matías recibió amenazas de “tú eres el siguiente”. La Fiscalía protegió a la periodista Jaqueline Robles, vigilada en su casa. Colectivos exigieron investigar campañas de desprestigio. En paralelo, operativos golpearon a la ASAEO, red que Rojas sigue documentando, incluso este 31 de agosto, por extorsiones en comunidades del Valle.
El Gobierno de Oaxaca condena la violencia contra periodistas y ofrece protección. Niega autoría de agresiones y atribuye muchos ataques a troles o sindicatos. Críticos responden que Leyva no fue resguardado con eficacia. El caso Rojas queda abierto: falta transparentar el oficio, documentar las amenazas y evaluar el riesgo.
