Oaxaca: Totolápam expulsa sindicatos de Don David Gold y rechaza renovación minera por denuncias de corrupción y contaminación
La Asamblea Comunitaria de San Pedro Totolápam, municipio de la Sierra Sur de Oaxaca, acordó el 18 de octubre expulsar sindicatos vinculados a Don David Gold y rechazar la continuidad operativa minera.
La comunidad declaró persona no grata a Óscar Lara y condicionó cualquier decisión futura al respeto de sus determinaciones, ante el vencimiento del arrendamiento ejidal en septiembre de 2027.
Entre las denuncias comunitarias figuran presuntos robos de concentrados minerales durante traslados hacia Manzanillo y Torreón, además de facturación irregular mediante empresas relacionadas con la CTM.
Los señalamientos también alcanzan a Saúl Molina y Marco Antonio Sánchez Cruz, dirigente sindical detenido en 2017 por su probable responsabilidad en un triple homicidio ocurrido en 2013. Sánchez Cruz obtuvo su libertad en 2021.
En materia ambiental, habitantes denuncian un presunto derrame de metales pesados de más de un kilómetro cerca de un río utilizado para abastecimiento, sin estudios públicos concluyentes sobre concentraciones.
Como antecedente, Profepa multó a Don David Gold México con 9.8 millones de pesos en febrero de 2018 por incumplimientos ambientales, entre ellos operar sin licencia correspondiente.
La empresa pertenece desde julio de 2026 a la canadiense Goldgroup Mining Inc., tras una fusión valuada en 372 millones de dólares con Gold Resource Corp.
La comunidad cuestiona también la renovación minera y señala como beneficiario a Francisco Javier Reyes de la Campa, presidente ejecutivo de Goldgroup, cuyo historial incluye una detención en 2022.
Reyes de la Campa fue detenido por presunta administración fraudulenta y señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera; esos antecedentes, sin embargo, no acreditan responsabilidad en las denuncias de Totolápam.
El conflicto ocurre en una región con alrededor de 80 mil hectáreas concesionadas, donde organizaciones denuncian impactos mineros y exigen respeto a territorios declarados libres de extracción.
La reforma minera de 2023 establece obligaciones de consulta indígena; mientras organizaciones amplifican las exigencias comunitarias, al 26 de octubre no se identificó una respuesta oficial pública de la empresa.
