
Ninguno de los 29 detenidos en la marcha de la Gen Z pertenece al Bloque Negro, grupo que atacó a policías
La detención de 29 jóvenes durante los disturbios registrados al final de la marcha de la Generación Z, el pasado 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, dejó un panorama fragmentado sobre su situación jurídica. Autoridades y organizaciones coinciden en un punto clave: ninguno pertenece al Bloque Negro.
De los 29 detenidos, 18 fueron remitidos al Ministerio Público por delitos como tentativa de homicidio, robo calificado y lesiones dolosas, mientras que al menos 10 fueron enviados al Juzgado Cívico por faltas menores. Estos últimos ya fueron liberados o enfrentan sanciones leves, sin procesos penales graves en curso.
Hasta este miércoles 19 de noviembre, entre 11 y 18 manifestantes habían sido liberados completamente, mientras tres quedaron vinculados a proceso en libertad condicional, con firmas periódicas y restricciones de acercamiento. Entre los sujetos a estas medidas se encuentran Daniel David Rocha González, José Luis Matus Altamirano y Enrique Sosa, acusados de robo y lesiones.
En contraste, entre cinco y ocho jóvenes permanecen bajo prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, principalmente por tentativa de homicidio o robo calificado. Nombres como Alberto González Mancilla, Fernando Escobar Herrera y Perla Verónica Galván figuran entre los casos más graves, mientras otros esperan audiencia por duplicidad de término constitucional.
A pesar de que el Bloque Negro fue señalado como responsable de las agresiones más violentas contra la policía —incluyendo el uso de martillos, cohetes y bombas molotov—, ninguna de las personas detenidas ha sido identificada como integrante de ese grupo. Las detenciones muchas de ellas ilegales se realizaron durante el repliegue general, no contra los responsables visibles de los ataques.
Organizaciones civiles y opositores acusan que la policía permitió la fuga del Bloque Negro y derivó en detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficos, mientras 18 policías son investigados por posible abuso de autoridad. La falta de capturas contra ese grupo ha intensificado el debate sobre posibles provocaciones y la legitimidad de la respuesta gubernamental.

