A tres meses del asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, la FGR mantiene el caso sin detenidos ni avances sustanciales
A tres meses del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, la Fiscalía General de la República (FGR) no reporta detenciones ni resultados sustanciales públicos sobre el crimen cometido en Oaxaca.
El homicidio ocurrió el 22 de julio en el fraccionamiento La Esmeralda, San Pablo Etla, municipio conurbado a Oaxaca de Juárez, cuando el comunicador desayunaba cerca de su domicilio. Dos sujetos llegaron en motocicleta y uno le disparó cuatro veces en la cabeza y el cuello.
Las cámaras del C5 permitieron reconstruir la agresión y la huida. Los atacantes abandonaron la motocicleta en San Lorenzo Cacaotepec, junto con prendas y partes del arma, para continuar en un Peugeot 208 GT gris, modelo 2026, sin placas.
Durante las primeras 36 horas, la Fiscalía General del Estado informó que había reunido más de 55 datos de prueba, analizado miles de gigabytes de video, recuperado indicios e identificado rutas. También difundió un retrato hablado, pero esos avances iniciales no derivaron públicamente en detenciones.
La FGR atrajo el expediente el 23 de julio mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). La labor periodística quedó como principal línea de investigación, pero, hasta hoy, 22 de octubre, tres meses después, no existen resultados públicos que esclarezcan la autoría.
El dato más concreto señalado por la familia es la identificación, desde principios de septiembre, del propietario del automóvil utilizado en la fuga. Jesús Leyva Aguilar, hermano del periodista, cuestionó que la autoridad no haya informado de acciones concluyentes contra esa persona.
Según el familiar, la FGR conoce detalles relacionados con la adquisición del vehículo, pero no ha citado ni detenido a su propietario. La familia considera que esa información podría conducir a los responsables, aunque corresponde a los investigadores establecer su participación mediante pruebas.
En reuniones con Ruth Zenteno López, titular de la FEADLE, los familiares aseguran haber recibido principalmente la cronología conocida, sin novedades sustanciales. La ausencia de información verificable alimenta las dudas sobre la eficacia de las diligencias y mantiene sin respuesta quién ordenó y ejecutó el asesinato.
La gravedad del caso aumenta por los antecedentes de amenazas y hostigamiento denunciados por Leyva desde 2025. El periodista, autor de la columna crítica El Zumbido del Moscardón y exdirector de CORTV, buscó protección institucional y presentó querellas contra funcionarios estatales.
Organizaciones periodísticas nacionales e internacionales condenaron el crimen y exigieron investigar su posible relación con el ejercicio profesional. A 90 días del homicidio, la falta de detenciones y de resultados públicos mantiene abierta la exigencia de justicia, mientras la reserva ministerial limita conocer el estado real de la investigación.
