Vicealmirante preso por huachicol fiscal acusa obstrucción de la FGR y señala a responsables dentro del partido Morena
En una misiva enviada desde el penal de El Altiplano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna rechazó categóricamente haber encabezado una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal. El alto mando naval, detenido en septiembre de 2025, insistió en su inocencia y denunció que las autoridades le han negado acceso completo a la carpeta de investigación, violando su derecho a una defensa adecuada.
Farías Laguna detalló en la carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum las dificultades para obtener información técnica y pericial clave, supuestamente reservada por la Secretaría de Marina bajo argumentos de seguridad nacional. Según el marino, esta falta de transparencia impide demostrar su inocencia en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos que se le imputan.
El vicealmirante, quien ha enviado al menos seis cartas a la mandataria, expresó profundo dolor por el uso de instituciones como la Armada de México para “sospechar, ocultar información y culpar a otras personas”. Afirmó actuar con honor y lealtad durante su carrera, recordando su legado familiar de servicio a la nación.
En un tono firme, Farías Laguna demandó a Sheinbaum buscar a los verdaderos responsables “al interior de su partido”, rechazando ser utilizado como chivo expiatorio. “No soy alguien que pueden usar como les plazca”, escribió, exigiendo respeto a sus derechos como ciudadano y militar.
Parte de la carta.
El caso ha generado controversia por la presunta protección inicial derivada de su parentesco con el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. La Fiscalía General de la República acusa a Farías Laguna y a su hermano Fernando de liderar una red que evadió impuestos millonarios mediante importaciones fraudulentas de hidrocarburos.
Jueces han ordenado en varias ocasiones a la FGR entregar documentación completa a la defensa, pero persisten las quejas por dilaciones. Farías permanece en prisión preventiva mientras la investigación complementaria avanza, sin que se haya resuelto su situación legal.
Hasta el momento, la Presidencia y la Fiscalía no han emitido respuestas detalladas a la nueva carta. El escándalo continúa exponiendo tensiones entre transparencia judicial, presunción de inocencia y la lucha contra la corrupción en instituciones clave del Estado mexicano.
