Denuncian presunta red de litigios y cabildeo judicial en Oaxaca encabezada por el consejero jurídico Geovany Vásquez
El consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, enfrenta señalamientos públicos por presuntamente encabezar una estructura de litigio y presión judicial que aprovecharía su posición como servidor público para beneficiar económicamente a su despacho privado Kratos Abogados, según denuncias impulsadas por actores políticos de oposición.
Las acusaciones cobraron fuerza a partir del caso del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, donde regidores de Movimiento Ciudadano y el diputado federal Gibrán Ramírez Reyes denunciaron un esquema relacionado con el manejo de laudos y procesos judiciales que involucra al presidente municipal Juan Carlos García Márquez.
De acuerdo con los denunciantes, el municipio mantiene adeudos cercanos a 130 millones de pesos derivados de laudos laborales y otras obligaciones judiciales pendientes. Sostienen que la falta de cumplimiento ha sido acompañada por estrategias legales destinadas a retrasar o controlar los procedimientos.
Los regidores opositores afirman que notificaciones oficiales habrían sido desviadas hacia Kratos Abogados, despacho fundado por Vásquez Sagrero, con la finalidad de concentrar el control de litigios municipales. También denuncian la utilización de firmas y sellos presuntamente falsificados en documentos oficiales.
Las acusaciones incluyen la existencia de actas de Cabildo y documentación que habrían sido alteradas para respaldar determinadas actuaciones legales. Tales señalamientos han motivado solicitudes de investigaciones independientes sobre la autenticidad de los documentos y la actuación de los funcionarios involucrados.
Regidores de Movimiento Ciudadano, entre ellos Ader Reyes Méndez y Adriana Rafaela Díaz García, sostienen que las irregularidades derivaron en embargos y procedimientos fiscales en su contra, relacionados con multas y adeudos superiores a los 200 mil pesos, situación de la que responsabilizan al gobierno municipal.
Las denuncias también alcanzan a integrantes del Poder Judicial Federal. Los promoventes señalan a jueces del Décimo Tercer Circuito de haber desechado recursos legales y rechazado diligencias periciales, lo que, según su versión, habría favorecido la continuidad del esquema denunciado.
El caso ha sido llevado a la Cámara de Diputados y difundido mediante conferencias de prensa, redes sociales y medios locales. Gibrán Ramírez Reyes ha solicitado la intervención de autoridades federales y del Consejo de la Judicatura Federal para revisar las denuncias.
Los señalamientos reviven cuestionamientos formulados desde 2023 contra Geovany Vásquez Sagrero, cuando fue acusado de mantener actividades como representante legal del municipio de Santa Lucía del Camino mientras ya desempeñaba funciones como consejero jurídico del Gobierno del Estado.
Dicha situación generó críticas por un posible conflicto de intereses, al combinar responsabilidades públicas con actividades privadas de representación legal. Los cuestionamientos se centraron en la posibilidad de actuar simultáneamente como funcionario estatal y litigante particular.
Especialistas en materia administrativa consideran que, de acreditarse las denuncias, podrían configurarse violaciones a principios establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en los códigos de ética aplicables a los servidores públicos.
Las acusaciones también apuntan a un eventual aprovechamiento de información privilegiada y de la influencia derivada del cargo público para favorecer a un despacho privado, situación que podría abrir la puerta a investigaciones por tráfico de influencias, abuso de autoridad y fraude procesal.
Otro aspecto señalado por los denunciantes es la supuesta utilización de recursos públicos para cubrir obligaciones personales de actores políticos afines al gobierno municipal, hechos que, de comprobarse, podrían constituir conductas relacionadas con peculado y desvío de recursos.
El caso representa además un problema político para la administración estatal encabezada por Salomón Jara, debido a que las denuncias involucran a funcionarios y autoridades vinculadas con Morena, alimentando cuestionamientos sobre transparencia y rendición de cuentas en Oaxaca.
Hasta ahora no existe una resolución judicial que determine responsabilidades o culpabilidades sobre los hechos denunciados. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones y los antecedentes expuestos han incrementado la presión para que instancias anticorrupción y órganos de fiscalización realicen investigaciones imparciales.
La controversia alrededor de Kratos Abogados y del consejero jurídico refleja la necesidad de esclarecer si existe únicamente una confrontación política entre adversarios o si, como sostienen los denunciantes, desde el Gobierno de Oaxaca opera una estructura que habría convertido la función pública y la impartición de justicia en instrumentos al servicio de intereses particulares.
