Salomón omite hablar sobre la corrupción en su gobierno y se lanza contra su antecesor para desviar la opinión pública
Una vez más, el gobernador Salomón Jara Cruz evitó hablar de la corrupción dentro de su administración. En su conferencia de este martes, en lugar de abordar el desvío de recursos en la Secretaría de Turismo y la falta de comprobación de mil 99 millones de pesos en siete dependencias, prefirió lanzar acusaciones contra su antecesor, Alejandro Murat.
Jara repitió los mismos señalamientos con los que inició su gobierno, asegurando que la administración de Murat presentó irregularidades por 15 mil 885 millones de pesos. También acusó al exgobernador José Murat de buscar acuerdos “en lo oscurito”, intentando distraer la atención pública de los escándalos actuales.
A pesar de su discurso sobre transparencia y honestidad, la realidad de su administración es distinta. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado un presunto daño a la Hacienda Pública por mil 99 millones de pesos, otorgando 30 días al gobierno estatal para aclarar las observaciones antes de proceder con sanciones administrativas o penales.
Sin embargo, el gobernador sigue sin pronunciarse sobre la corrupción dentro de su gabinete, en particular sobre los señalamientos contra su secretaria de Turismo, Saymi Pineda Velasco. La funcionaria ha sido acusada de diversas irregularidades en el manejo del erario sin que hasta el momento haya consecuencias.
Uno de los casos más escandalosos es la contratación del cantante Julión Álvarez para el cierre de la Guelaguetza 2023. Pineda Velasco aseguró públicamente que el contrato se realizó mediante licitación, pero documentos filtrados a la prensa confirman que fue una adjudicación directa.
El contrato señala un pago de 12.7 millones de pesos al artista, una cifra desproporcionada en comparación con su tarifa habitual, que oscila entre 1.5 y 3 millones de pesos por presentación. La diferencia de más de 9 millones de pesos ha levantado sospechas sobre un posible desvío de recursos.
A pesar de la evidencia, el gobernador Jara defendió la operación y minimizó las acusaciones. Durante su conferencia matutina, negó que hubiera sobreprecio en la contratación y afirmó que el artista “nunca cobró tanto, ni en sus mejores momentos”. Sin embargo, los documentos oficiales desmienten sus palabras.
La falta de transparencia en la Secretaría de Turismo ha generado indignación entre la ciudadanía, que ha utilizado redes sociales para exigir una auditoría. Sin embargo, la Secretaría de la Honestidad no ha intervenido, lo que refuerza la percepción de encubrimiento dentro del gobierno estatal.
Lejos de enfrentar sanciones, Saymi Pineda Velasco sigue operando con total impunidad. Sus constantes viajes al extranjero, financiados con recursos públicos y sin beneficios claros para el turismo en Oaxaca, han sido otro punto de controversia.
No es la primera vez que la funcionaria es señalada por corrupción. En 2024, fue acusada de inflar costos de decoraciones para eventos públicos, gastando más de seis millones de pesos en adornos cuyo valor real no superaba los 300 mil pesos. A pesar de las denuncias, ninguna autoridad investigó el caso.
Otro aspecto opaco en la contratación de Julión Álvarez fue la venta de boletos. Mientras que los palcos A y B se vendieron entre 1,200 y 2,000 pesos, los palcos C y D se entregaron a cambio de mochilas en la dinámica “Enmochilate”. Hasta el momento, no se ha esclarecido el destino de los ingresos obtenidos.
El silencio del gobernador sobre este caso evidencia una estrategia de protección a su círculo cercano. Mientras otros funcionarios han sido destituidos por escándalos menores, Saymi Pineda Velasco se mantiene en su cargo, consolidando un esquema de impunidad.
Organizaciones civiles y actores políticos han exigido una investigación independiente sobre los contratos de la Secretaría de Turismo, pero el gobierno estatal ha ignorado estas demandas.
La falta de sanciones solo refuerza la idea de que la corrupción es tolerada desde las más altas esferas.
El escándalo de Julión Álvarez es solo una muestra de las irregularidades dentro del gobierno de Jara.
La empresa que facturó el pago, Servicios Especializados en Publicidad Daglez, no tiene experiencia en la organización de eventos y ha sido vinculada a otras administraciones de Morena con antecedentes de corrupción.
A pesar de las pruebas y el descontento ciudadano, el gobernador sigue evitando el tema y opta por atacar a su antecesor. Su insistencia en revivir acusaciones del pasado parece ser una estrategia para desviar la atención de los casos de corrupción actuales y la impunidad dentro de su administración.
