Salomón Jara y sindicato presionan a burócratas con amenazas y favores para frenar la revocación de mandato
Mientras en público proclama que “el pueblo pone y el pueblo quita”, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, convencido que la revocación de mandato le resultará adversa, impulsa en privado una operación política para manipular e impedir que sea sometido al voto ciudadano. Con acciones coordinadas, busca asegurar su permanencia en el poder, recurriendo a prácticas de control sindical y coacción.
Bajo su influencia directa, el sindicato estatal de burócratas (STPEIDCEO) se ha transformado en un brazo ejecutor de maniobras ilegales. Utiliza su estructura para presionar a los trabajadores a favor de Jara, subordinando la autonomía sindical y desviando sus funciones hacia fines políticos, contrarios a la voluntad de la base.
En grupos de WhatsApp de burócratas se denuncia que en las oficinas de distintas dependencias, empleados reciben formatos para reunir, de forma obligatoria, al menos 20 firmas de personas que rechacen la revocación. A cambio, se ofrecen favores como permisos laborales, comisiones para evadir responsabilidades y otros privilegios sindicales. Todo se condiciona a obediencia política, distorsionando la función pública.
La operación es dirigida por Juan José Ramírez Hernández, siguiendo instrucciones del “Potro”, ex candidato de la planilla negra, con respaldo directo del Comité Ejecutivo del STPEIDCEO. Esta estructura actúa como red de operadores políticos, integrando un sistema que mezcla intereses sindicales y gubernamentales para blindar el control del gobernador Salomón Jara con respecto a la revocación.
La información recabada se concentra en una plataforma digital, generando un registro que puede usarse para vigilar y castigar disidencias. El “Potro”, aliado de Salomón y Noé Jara —hermano del mandatario—, mantiene privilegios en el municipio de Oaxaca de Juárez, delegando a operadores como Ramírez Hernández a la ejecución de trabajos sucios y coercitivos.
Estas prácticas violan derechos laborales, políticos y libertades de pensamiento. La ley prohíbe condicionar beneficios sindicales o laborales por apoyo político, y sanciona la coacción como delito grave. Este patrón de actuación no solo destruye la democracia sindical, sino que degrada el servicio público y normaliza la corrupción como forma de gobierno.
Señalan los burócratas denunciantes que el objetivo es obvio: el mismo gobierno que hoy pide firmas para sostener a Jara impulsó, junto al sindicato, el Decreto 24, dejando en la calle a mil 344 trabajadores. Con ese historial, mantenerlos en el poder significaría prolongar un modelo de represión laboral, traición sindical y abuso institucional en Oaxaca.
