POLÍTICA EXPRÉS | * Salomón Jara: del discurso democrático a la operación de control político
Mientras de dientes para afuera el gobernador Salomón Jara Cruz afirma que “no le preocupa” la revocación de mandato, la realidad lo contradice. Todas las encuestadoras coinciden: si hoy se realizara ese ejercicio, la mayoría de los oaxaqueños votaría en contra de su permanencia. Por eso, lejos de prepararse para rendir cuentas, ha puesto en marcha un plan para manipular el proceso y asegurar su continuidad, aunque sus resultados de gobierno sean desastrosos.
En el papel, la revocación de mandato es un instrumento ciudadano; en la práctica, el gobierno de Jara la convierte en una operación de control político. Su estrategia no busca activar la consulta, sino recolectar firmas en contra de que se lleve a cabo, utilizando recursos sindicales y favores laborales para blindar su poder. Se trata de un blindaje político disfrazado de respaldo popular.
El Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) ha sido convertido en un brazo operativo del gobierno. Dirigentes sindicales subordinados a Jara presionan a burócratas para que reúnan al menos 20 firmas cada uno de personas que rechacen la revocación. A cambio, ofrecen permisos laborales, comisiones especiales y privilegios, condicionados siempre a la obediencia política. La autonomía sindical queda así pulverizada.
La operación es coordinada por Juan José Ramírez Hernández, siguiendo instrucciones del “Potro”, ex candidato de la planilla negra, con respaldo del Comité Ejecutivo del STPEIDCEO. Esta estructura, lejos de defender derechos laborales, actúa como red de operadores al servicio de Salomón Jara y de su círculo más cercano, incluido su hermano Noé. Las listas de “apoyo” son concentradas en una plataforma digital que facilita vigilar y castigar a quienes disientan.
Este esquema no solo viola derechos laborales y políticos: constituye un patrón de abuso institucional. La ley es muy clara cuando observa que condicionar beneficios laborales por apoyo político es ilegal y la coacción es un delito grave. Sin embargo, en Oaxaca, esta práctica se normaliza como parte del manual de gobierno, degradando tanto la democracia sindical como la función pública.
Así, el mismo comité directivo (el real, no el formal) que hoy exige firmas para sostener a Jara, junto con el sindicato, seguramente promovió el Decreto 24, que dejó en la calle a los mil 344 trabajadores. Con ese historial, mantener a los dirigentes y al mismo Jara en el poder, significa prolongar un modelo de represión laboral, traición sindical y corrupción institucional. La revocación de mandato, que debería ser un ejercicio ciudadano, se está convirtiendo en Oaxaca en un termómetro del miedo del gobernador y en un espejo de sus métodos autoritarios.
