“Relanzamiento” del gobierno de Jara resulta una tomadura de pelo; reciclan a exdirectora del Cobao acusada de corrupción
La renovación del gabinete del gobernador Salomón Jara Cruz ha sido calificada como una simulación por críticos y ciudadanos oaxaqueños. Lejos de representar un verdadero cambio, los movimientos parecen ser meros reacomodos de funcionarios cuestionados. La exdirectora general del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), Angélica García Pérez, fue promovida a Subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal. Esta designación ocurre en medio de graves señalamientos de
corrupción en su contra.
Durante su gestión al frente del Cobao, García Pérez enfrenta investigaciones de la Fiscalía General del Estado por presunta falsificación de firmas, huellas dactilares y documentos oficiales en perjuicio de trabajadores. Además, padres de familia la han acusado de obligar la compra de guías de estudio y libros de inglés por 195 pesos por alumno, a pesar de que el material debía ser gratuito. Denuncias apuntan a posibles fraudes millonarios y redes de nepotismo.
La propia funcionaria anunció en sus redes sociales su toma de protesta como Subsecretaria. “Asumo esta encomienda con pasión, responsabilidad y compromiso”, escribió, agradeciendo la confianza del gobernador Jara y prometiendo coordinación con la nueva secretaria Fernanda Chávez Cruz. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las sombras de corrupción que la persiguen.
Periodistas locales y opositores señalan que el “relanzamiento” del gobierno no ha tocado a los grupos de poder ni a quienes el propio Jara había criticado previamente por incumplir responsabilidades. En cambio, se les ha otorgado mejores posiciones, perpetuando la impunidad en la administración pública oaxaqueña.
El caso de García Pérez ejemplifica cómo las investigaciones por malversación de fondos y negocios irregulares quedan en el olvido ante lealtades políticas. Atrás quedaron las promesas de una Primavera Oaxaqueña limpia y al servicio del pueblo, reemplazadas por la continuidad de prácticas cuestionables.
Esta decisión erosiona aún más la confianza ciudadana en las instituciones educativas y en el propio gobierno jarista. Mientras Oaxaca enfrenta rezagos educativos, la promoción de funcionarios bajo investigación envía un mensaje adverso: la rendición de cuentas es selectiva y la corrupción queda impune en el estado.
