Ni tragedia de niñas haitianas desarticulan feudo del DIF Oaxaca; diputada exige intervención federal
La tragedia ha tocado fondo en Oaxaca. La reciente muerte de dos niñas haitianas en el albergue «Casa Patos», de San Raymundo Jalpan, elevó a ocho las víctimas infantiles bajo custodia estatal en el actual sexenio. Sin embargo, ni el luto ni la indignación social han logrado fracturar la red de nepotismo que asfixia al DIF-Oaxaca.
Bajo la protección del gobernador Salomón Jara Cruz, su esposa Irma Bolaños Quijano ha transformado la asistencia social en un lucrativo feudo familiar. Lo que debería ser un organismo de protección es hoy una estructura donde los lazos sanguíneos pesan más que la capacidad técnica, mientras la negligencia cobra facturas humanas irreparables.
El presupuesto del DIF Oaxaca es un insulto a la transparencia. En 2025, los recursos se triplicaron de 509 a mil 681 millones de pesos anuales. No obstante, este caudal de dinero público no se refleja en la mejora de los albergues, sino en una opacidad financiera que alimenta nóminas fantasma de parientes y becarios.
En la cúspide de esta pirámide administrativa figura Maribel Salinas Velasco, sobrina de la presidenta honoraria y Directora General. A pesar de los señalamientos por inexperiencia y el descuido sistémico en los centros de asistencia, Salinas mantiene el control operativo de una institución que opera sin un organigrama oficial claro.
El brazo financiero del esquema recae en Sheila Bolaños Flores, sobrina de la familia gobernante. Como Directora de Administración, percibe ingresos superiores a los 200 mil pesos mensuales, superando el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es ella quien autoriza los recursos que, según denuncias, terminan desviados mediante esquemas de corrupción.
La red se extiende con Lorena Bolaños Rodríguez y Diego Sergio Zárate Bolaños, ambos sobrinos de Irma Bolaños. Estos perfiles, carentes de trayectoria en políticas públicas, gestionan las Direcciones de Operación del Bienestar. Su gestión coincide con reportes de maltrato a niños con discapacidad y un racionamiento de comida en los albergues.
Incluso los niveles de mando medio han sido colonizados por parientes como Ángela Santibáñez Cervantes y Eufemia Bolaños Quijano. Mientras los trabajadores denuncian explotación laboral y falta de insumos básicos, estos familiares gozan de plazas privilegiadas y bonos mensuales que insultan la pobreza de las comunidades que el DIF debería servir.
La impunidad es el sello de la casa. Pese a los escapes masivos de menores y las muertes por falta de mantenimiento en los albergues, el gobernador Salomón Jara prefiere contratar asesores para mitigar el escándalo mediático antes que ordenar una auditoría profunda o cesar a sus familiares directos.
Organismos internacionales como ACNUR y UNICEF ya exigen investigaciones urgentes ante la crisis humanitaria en los albergues oaxaqueños. El DIF se ha convertido en una caja negra donde el presupuesto desaparece en manos de una familia que ha confundido el servicio público con una herencia de bienes particulares.
La diputada del PT, Margarita García, en su más reciente intervención en la Cámara de Diputados federal advirtió que Oaxaca no puede seguir pagando con vidas el costo de la soberbia política. La desarticulación de esta red de nepotismo es una deuda de justicia con las niñas haitianas fallecidas y con miles de oaxaqueños vulnerables que hoy son víctimas de un gobierno que prioriza el linaje sobre la humanidad.
