Red del huachicol fiscal en la Marina: de cómo fueron silenciando a investigadores y testigos
El 22 de octubre de 2024, la funcionaria de la Fiscalía General de la República de la delegación de Colima, Magaly Janet Nava Ramos, fue ejecutada a tiros cuando circulaba en su camioneta sobre la calle Zamora del Barrio V del Valle de las Garzas, en esa ciudad. Dos sujetos que viajaban en una motocicleta se le emparejaron y abrieron fuego en su contra. El hecho se relacionó con las investigaciones que realizaba.
Su muerte no fue un hecho aislado. Semanas antes, había recibido amenazas por indagar vínculos entre mandos de la Marina y contrabando fiscal.
Magaly había sido asignada a revisar la carpeta FEMDO/FGR abierta tras la confesión de El Santo. Su labor consistía en cruzar información sobre la llegada de buques con la operación de aduanas en Tampico y Manzanillo. Al tocar nombres de altos mandos navales, se convirtió en un objetivo.
Su cuerpo fue retirado por personal de la Fiscalía de Colima del interior de su vehículo sobre la calle Zamora casi esquina con Las Garzas. El modus operandi resultó inquietantemente similar al asesinato del capitán retirado Edgar Vega Álvarez, ejecutado meses antes en el Estado de México tras denunciar anomalías dentro de la Marina.
Ambos homicidios tenían un patrón: se trataba de funcionarios que se atrevían a señalar a integrantes del círculo cercano al secretario de Marina, José Rafael Ojeda. La repetición de métodos sembró sospechas de una estrategia sistemática para deshacerse de testigos incómodos vinculados al esquema de huachicol fiscal.
El expediente señala que Nava Ramos citaba en sus reportes internos al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar. Este oficial, con trayectoria en operaciones de alto nivel, era mencionado como uno de los denunciantes al interior de la Marina del entramado que permitía la entrada de combustibles ilegales disfrazados de aditivos.
Guerrero Alcántar habían sido director de la aduana de Veracruz. Tomó posesión del cargo el 2 de septiembre de 2022 y estuvo en el puesto un total de 11 meses, donde se percató de la gran importación de combustibles, diésel y gasolinas, disfrazados de lubricantes.
Testimonios recogidos por la FGR lo ubicaban como enlace —obligado por las circunstancias, por el cargo que desempeñaba— de los hermanos Farías Laguna y el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, alias NK. Su papel, por órdenes superiores, era abrir puertas institucionales, garantizar movimientos sin inspección y blindar el negocio frente a auditorías internas y externas.
Magaly Nava no alcanzó a presentar su informe final. Apenas días antes de ser ejecutada, había advertido a colegas que había “mucha presión” para detener su investigación. En mensajes de WhatsApp recuperados, incluso mencionó que sentía vigilancia constante y que dudaba de la protección asignada por la propia fiscalía.
Su asesinato provocó alarma en oficinas centrales de la FGR. Sin embargo, no hubo pronunciamientos públicos inmediatos. El expediente fue reservado bajo clasificación de seguridad nacional, y la versión oficial habló únicamente de “un ataque directo en proceso de investigación”. El trasfondo de la Marina fue borrado del comunicado.
El Santo, al enterarse, entendió el mensaje. Si Magaly Nava había caído, él sería el siguiente. La ejecución reforzaba la idea de que altos mandos navales estaban dispuestos a eliminar a cualquier funcionario que pusiera en riesgo la red. La impunidad era la mejor garantía de silencio.
Con dos asesinatos en menos de seis meses, el expediente FEMDO/FGR parecía condenado a la congeladora. Sin embargo, las revelaciones de El Santo ya habían abierto grietas irreparables. La pregunta central era si la cadena llegaba hasta el propio secretario de Marina.
