
POLÍTICA EXPRÉS | * El amparo, sitiado: la reforma de Sheinbaum que debilita al ciudadano
La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Congreso una reforma a la Ley de Amparo que, de aprobarse, marcaría un retroceso preocupante en la protección de los derechos de los mexicanos. La iniciativa se presenta bajo la envoltura de hacer más “expedito y eficiente” este recurso, pero en realidad implica darle más poder al Estado y dejar a la sociedad en condición de indefensión.
Para entender la magnitud del asunto, conviene recordar que el amparo es la joya de la corona del constitucionalismo mexicano. Diseñado en el siglo XIX como un escudo ciudadano, el juicio de amparo permite detener los excesos del poder público y garantizar que ningún acto o ley violatoria de derechos quede sin control judicial. Sin este mecanismo, los abusos del gobierno se multiplicarían sin freno.
El exministro de la Corte, Javier Laynez, ha advertido que la propuesta del Ejecutivo busca restringir los efectos de las suspensiones y las sentencias de amparo. En otras palabras, si un juez determina que un proyecto gubernamental afecta derechos, la protección dejaría de tener un alcance colectivo y se limitaría al individuo que promovió el juicio. El Estado podría seguir actuando, aun cuando se reconozca la violación de derechos en un caso concreto.
Esto equivale a atomizar la defensa de la sociedad. Frente a megaproyectos, políticas ambientales controvertidas o decisiones fiscales agresivas, cada persona afectada tendría que promover su propio amparo, con los costos y la complejidad que ello implica. Quien tenga dinero para pagar abogados podrá resistir; quienes no lo tengan quedarán expuestos al abuso.
El discurso oficial habla de eficiencia y de poner orden a los abusos del sistema. Es cierto que existen amparos malintencionados, dilatorios o diseñados como escudos fiscales de privilegio. Pero recortar las herramientas de los más vulnerables no es una solución, es un golpe directo al sentido original de la Ley de Amparo: proteger al ciudadano frente al Estado.
Laynez lo sintetiza con claridad: con esta reforma, se coloca a las autoridades en el centro, no a las personas. El amparo perdería su carácter de contrapeso y se convertiría en un trámite administrativo limitado, incapaz de frenar proyectos que violen derechos fundamentales. Es, en los hechos, una distorsión de la arquitectura constitucional mexicana.
Vale recordar que el año pasado se aprobaron cambios que acotaron las facultades de la Suprema Corte y restringieron la posibilidad de impugnar reformas constitucionales. Esta nueva iniciativa no es aislada, sino parte de un proceso de concentración del poder, que reduce los contrapesos en favor de un Ejecutivo fortalecido.
La ironía es que mientras el gobierno habla de democracia participativa y de cercanía con el pueblo, en la práctica busca debilitar la única herramienta que permite a cualquier ciudadano —sin importar su peso político o económico— detener el abuso de autoridad. La democracia no se mide en discursos, sino en los mecanismos efectivos de protección.
El Congreso tiene ahora la responsabilidad de frenar lo que puede convertirse en una regresión autoritaria. Aprobar esta reforma en automático, como un simple trámite legislativo, sería darle la espalda a la historia constitucional del país y a la promesa de un Estado sometido a la ley, no a la voluntad política del momento.
México necesita más contrapesos, no menos. La justicia debe servir como freno al poder, no como lubricante de su maquinaria. La reforma a la Ley de Amparo, tal como se plantea, erosiona el equilibrio de poderes y debilita a la ciudadanía en el momento en que más necesita protección.
El amparo no puede ser visto como una traba burocrática; es el último bastión de defensa del ciudadano. Tocar su esencia es jugar con la base misma de la democracia constitucional mexicana. Y ese es un riesgo que el país no puede permitirse.

