Los sobrinos del poder: Marina, aduanas, empresarios y políticos morenistas en el entramado del huachicol fiscal
La investigación FEMDO/FGR que investigaba el mayor escándalo de huachicol fiscal de todos los tiempos en México dio un giro cuando los nombres de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna aparecieron en los testimonios. Ambos oficiales de la Marina no solo ocupaban cargos estratégicos en aduanas, sino que eran familiares políticos del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Los documentos señalan que los Farías Laguna son sobrinos de la esposa del almirante Ojeda. Esta relación, aparentemente privada, se convirtió en una red de protección institucional que facilitó su ascenso meteórico en posiciones clave relacionadas con el control de aduanas y operaciones portuarias de hidrocarburos.
Fuentes internas consultadas por la Fiscalía relataron que los hermanos utilizaban esa cercanía familiar para obtener destinos estratégicos. No era casual que ambos coincidieran en plazas sensibles como Manzanillo, Altamira y Tampico, epicentros del contrabando de combustibles disfrazados de aditivos para evadir controles fiscales y militares.
La declaración de “Santo” —capitán de la Marina y testigo protegido de la FGR— confirmó que los Farías Laguna no actuaban en solitario. Su tarea era colocar en puestos clave a marinos de confianza y garantizar que las aduanas nunca interfirieran en la descarga de los buque-tanques. A cambio, recibían cuotas millonarias de empresarios del contrabando.
En el expediente, se describe cómo Manuel Roberto Farías controlaba la logística terrestre: pipas, patios de resguardo y choferes. Mientras tanto, Fernando se encargaba de la parte institucional: permisos, oficios internos y gestiones con la Administración General de Aduanas. Juntos, blindaban la ruta completa del huachicol fiscal.
El parentesco con Ojeda Durán era la cobertura más efectiva. Cualquier intento de investigación interna se frenaba con llamadas directas desde oficinas centrales. “Son de la familia”, respondían los superiores a quienes cuestionaban sus movimientos. Esa frase se convirtió en sinónimo de impunidad en los puertos estratégicos.
El Santo relató que, en más de una ocasión, escuchó a operadores mencionar que “los sobrinos ya dieron luz verde”. Esa expresión era clave: significaba que un barco podía descargar sin riesgo de inspección. El esquema permitía mover entre 20 y 30 pipas por arribo, sin registro fiscal.
En 2024, cuando la FGR cruzó bitácoras navales con movimientos de importación, detectó al menos trece barcos que coincidían con el patrón descrito. La ruta siempre era la misma: descarga nocturna, traslado a patios privados y distribución en gasolineras del centro y norte del país bajo facturación simulada.
Los hermanos no solo garantizaban operaciones; también protegían a sus socios. Entre ellos, Miguel Ángel Solano Ruiz, alias NK, y Clímaco Aldape Utrera, este último detenido en Salina Cruz, Oaxaca, señalados como enlaces directos con empresarios huachicoleros. El círculo estaba cerrado: Marina, aduanas, empresarios y políticos locales en una maquinaria perfectamente aceitada para desfalcar al erario.
La pregunta que desató la tormenta era inevitable: ¿hasta dónde sabía el almirante Ojeda lo que hacían sus sobrinos políticos? La línea de sangre convertía el caso en un escándalo mayor. Y la cuarta entrega revelará cómo el dinero sucio comenzó a manchar campañas políticas en varios estados.
