Rechazan organizaciones sociales entrega de la reserva ecológica del Crestón a inmobiliarias, por parte del edil Raymundo Chagoya y el Cabildo
Organizaciones civiles rechazaron la entrega de la reserva ecológica del Crestón por parte del edil Raymundo Chagoya Villanueva a inmobiliarias y calificaron como “sospechosa” la decisión del cabildo de Oaxaca de Juárez de autorizar cambios de uso de suelo en la Cordillera de los Valles Centrales, una zona protegida desde 1991. Denuncian esta decisión irresponsable le abre paso al desarrollo inmobiliario en un área estratégica para el equilibrio ambiental.
El pasado 29 de julio, el ayuntamiento derogó el acuerdo de noviembre de 2021 que suspendía los trámites de cambio de uso de suelo en zonas de reserva. Las organizaciones advirtieron que esta medida ha reactivado el conflicto ambiental y social que ya ha generado tensiones durante años en la zona norte de la capital.
El Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente (OCCAMA) recordó que intentos similares se realizaron en 2023, pero fueron frenados por la falta de consenso y las disputas entre ambientalistas y presuntos propietarios del ejido Guadalupe Victoria y otras áreas dentro de la zona protegida.
Según OCCAMA, la suspensión de trámites era una medida provisional mientras se revisaban los límites de la reserva. Sin embargo, cuestionan que detrás de la reciente decisión municipal prevalezcan intereses inmobiliarios que históricamente han buscado eliminar restricciones ambientales para promover desarrollos en la zona.
Las organizaciones exigieron conocer la opinión del Consejo Técnico Asesor creado en 2024 para diseñar el programa de manejo de la reserva. Cuestionaron si dicho programa realmente existe y por qué no se ha hecho público, como se afirmó durante la sesión de cabildo en la que se aprobó el cambio.
También solicitaron estudios serios sobre la tenencia de la tierra, planeación urbana y traslados de dominio en la Cordillera Norte. Pidieron la postura de autoridades federales como Profepa, Semarnat y Conafor, dado que la zona es crucial para el abasto de agua y la regulación climática en la capital.
Señalaron que el acuerdo, aprobado durante las fiestas de la Guelaguetza, no da certeza jurídica a los habitantes. Advirtieron que urbanizar la Cordillera —de más de 60 mil hectáreas— es inviable desde una perspectiva ambiental, social y financiera, y que su conservación es una prioridad urgente.
