
Que Salomón Jara asuma su papel y destituya a Donato Vargas, reclaman
Más de 100 oaxaqueñas, escritoras, defensoras de los derechos humanos, feministas, activistas y organizaciones de la sociedad civil exigieron hoy al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, que asuma su papel y destituya a su coordinador de Delegados de Paz, Donato Vargas Jiménez, por todos los señalamientos que hay en su contra por violencia contra las mujeres.
A través de una carta pública dirigida al gobernador y al presidente Andrés Manuel López Obrador, más de 30 organizaciones de mujeres y 70 activistas, defensoras y mujeres de todo el país condenan que el gobierno de Oaxaca, emanado de las filas de Morena, solape, encubra y respalde a hombres abusadores y violentos de su gabinete mediante un pacto patriarcal del sistema de gobierno.
Las mujeres advierten que, si Donato Vargas no es destituido, el gobernador Salomón Jara estará incumpliendo la última reforma de la Ley 3 de 3, lo que vendrá a confirmar que el gobierno que encabeza no será garante del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que tolerará que hombres integrantes de su gabinete sean agresores de mujeres en el ámbito privado y público.
El pronunciamiento fue suscrito por el Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Red Nacional de Abogadas Indígenas, la Red Mariposas de Mujeres Mixes y “Mujeres Lilas” Oaxaca.
Además, por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, Encuentro para el Camino y Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, entre otras organizaciones.
En la misiva pública, las mujeres también demandan a la Fiscalía General de Oaxaca que actúe en el caso de la denuncia presentada por Martha Aracely Cruz en contra de Donato Vargas Jiménez, la cual, según saben, fue enviada al archivo, para garantizarle impunidad.
Martha Aracely Cruz, indígena mixe, ha manifestado haber sufrido violencia física, sexual y emocional por parte del entonces y hoy servidor público Donato Vargas Jiménez.
Consideran que “su denuncia ha tomado una lentitud tal, que actualmente no ha contado con acceso a la justicia, debido a que este servidor público sigue ejerciendo su poder desde el gobierno estatal, solapado por la estructura de la Secretaría de Gobierno, por el partido Morena y por un sistema de justicia no centrado en las víctimas”.
Además, abundan, “varias compañeras han levantado la voz visibilizando que Donato Vargas Jiménez y sus compinches políticos son personas que no abonan a la cultura de paz y la no violencia que tanto requiere nuestro estado.
Ellos son los agentes violentos y perpetradores de violencia en contra de las mujeres cercanas a su círculo social y político, pero también en contra de aquellas que han levantado la voz, acusaron.
Es lamentable que “las denuncias hayan sido tratadas como meros ‘problemas con tintes políticos’, y sí, no hay nada más político que la violencia en contra de las mujeres”, dijeron.
Sin embargo, “vemos con suma preocupación la pasividad del gobierno estatal con su silencio y con una total tolerancia a los actos misóginos de los servidores públicos como Donato Vargas Jiménez”, expusieron.
Las organizaciones de mujeres y activistas condenan cualquier acto violento perpetrado en contra de las mujeres en la entidad oaxaqueña por cualquier hombre, pero, sobre todo, por hombres que ostentan cargos en la administración pública y/o cargos de elección popular.
Hacen un llamado al fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, a que actúe a la brevedad en el caso de la denuncia presentada por Martha Aracely Cruz, aplicando los valores jurídicos de igualdad, imparcialidad y seguridad jurídica, particularmente en la integración de la Carpeta de Investigación en contra del servidor público Donato Vargas Jiménez.
Finalmente, responsabilizaron al Gobierno de Oaxaca de actos violentos que como represalias puedan ejercerse contra las denunciantes, así como en contra de quienes en pleno ejercicio de la defensa de sus derechos hayan levantado su voz denunciando a servidores públicos estatales.
Pero eso no es todo, la diputada del PRI, Mariana Benítez Tiburcio, también alzó la voz y exigió la renuncia del coordinador de Delegados de Paz, Donato Vargas Jiménez.
Las voces de mujeres que exigen la renuncia de Donato Vargas van creciendo como una ola, pero el gobernador Salomón Jara Cruz sigue sin escucharlas.