POLÍTICA EXPRÉS | *Sheinbaum agudiza crisis al deslegitimar protesta juvenil y evadir responsabilidad tras represión
En México, la narrativa presidencial posterior a la represión del 15 de noviembre contra la concentración de la Generación Z confirma una preocupante tendencia: desoír el mensaje social y criminalizar al mensajero. En lugar de reconocer las justas demandas juveniles y sancionar los excesos policiales denunciados por organismos nacionales e internacionales, Claudia Sheinbaum volvió a acusar a los jóvenes de violentos, inorgánicos y manipulados, negando el hartazgo genuino.
Resulta alarmante que, tras 120 heridos y decenas de detenidos, la primera reacción oficial no fuera empatía, sino descalificación. El discurso presidencial redujo una movilización nacional a un puñado de provocadores. Esta estrategia, repetida históricamente por los gobiernos de la 4T, busca desactivar causas legítimas mediante el descrédito, no mediante la escucha responsable.
La Generación Z regresará al Zócalo el 20 de noviembre porque entendió que el poder respondió con prejuicio, no con autocrítica. Y cuando un gobierno rehúye revisar su gabinete, su estrategia de seguridad o la actuación policial, renuncia voluntariamente a la posibilidad de reconstruir confianza con quienes hoy exigen justicia.
El señalamiento oficial de una supuesta “campaña inorgánica” financiada con millones es una cortina de humo funcional a la narrativa del enemigo externo. La protesta surgió de jóvenes cansados de vivir entre asesinatos impunes, precariedad laboral y nulas oportunidades. La negación de esta realidad solo profundiza la distancia.
La presidenta Sheinbaum, con historia estudiantil marcada por 1968, tenía una oportunidad de oro para tender puentes. Bastaba un gesto público de reconocimiento al dolor juvenil. Optó por blindar Palacio Nacional, reforzar vallas metálicas y repetir un discurso de orden que ignora el detonante emocional de la protesta.
Al minimizar la participación masiva en más de cincuenta ciudades, el gobierno erosiona su propia legitimidad. ¿Cómo exigir respeto a las instituciones cuando las instituciones reducen el descontento a manipulación digital? La juventud respondió con creatividad, símbolos culturales y organización espontánea. Desoír eso equivale a renunciar al diálogo.
La narrativa oficial también responsabiliza a los jóvenes de los choques mientras evita mencionar protocolos fallidos, uso excesivo de fuerza y persecución y abusos post marcha en calles aledañas. El Estado, garante de derechos, no puede disfrazarse de víctima cuando las pruebas documentan agresiones injustificadas. La indignación nacional surge precisamente de esa incongruencia.
La nueva convocatoria no es capricho ni moda. Es consecuencia directa de un gobierno que decidió no hacer autocrítica ni corregir el rumbo. Mientras no existan sanciones a mandos policiales, ajustes en seguridad ni investigación creíble por asesinato de Carlos Manzo y los abusos policiales en el Zócalo, la calle seguirá siendo el único espacio donde los jóvenes son escuchados.
La estrategia de culpar a terceros —opositores, bots, extranjeros— recuerda los peores reflejos autoritarios del pasado. La ciudadanía ya no compra ese guion. Esta generación domina la comunicación digital, rastrea falsedades, viraliza abusos y desarma discursos oficiales. Intentar desacreditarla solo acelera su cohesión política y emocional.
Si el gobierno insiste en responder con estigmatización en vez de empatía, convertirá una protesta legítima en un movimiento social permanente. La historia demuestra que la represión une causas dispersas. El 20 de noviembre no será una marcha más: será el juicio público a un poder que decidió no escuchar.
