#Oaxaca: durante gestión de Jara creció desconfianza: ocho de cada 10 ciudadanos perciben corrupción frecuente en instituciones
La percepción de corrupción en Oaxaca bajo la administración del gobernador Salomón Jara Cruz continúa entre las más altas del país, según los datos más recientes del INEGI y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Durante 2024 y 2025, ocho de cada diez oaxaqueños consideraron “frecuentes o muy frecuentes” los actos de corrupción en instituciones públicas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, Oaxaca registró una prevalencia de corrupción del 16.7%, ubicándose entre los diez estados con mayor incidencia. Aunque la encuesta es bianual, las cifras más recientes confirman una estabilidad en niveles medios-altos durante 2024 y 2025.
Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 revelan que la corrupción en Oaxaca está fuertemente asociada a extorsiones y abusos de autoridad, especialmente en cuerpos de seguridad. El 60% de los encuestados afirmó haber observado prácticas corruptas en policías y ministerios públicos.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) mostró que, en ciudades como Oaxaca de Juárez, la percepción de corrupción municipal alcanzó entre 75% y 80% en 2024. Los ciudadanos señalaron irregularidades en permisos, licencias y servicios públicos, lo que refleja un incremento en la desconfianza hacia las autoridades locales.
Para 2025, los datos del tercer trimestre de la ENSU confirman que 87% de la población oaxaqueña considera frecuentes las prácticas corruptas en los gobiernos locales y estatales, cuatro puntos porcentuales más que el año anterior. Las estimaciones indican cerca de 397 mil actos de corrupción anuales, equivalentes a 45 cada hora.
El Índice de Competitividad Estatal 2025 del IMCO ubica a Oaxaca entre las posiciones 25 y 28 a nivel nacional en combate a la corrupción, entre las más bajas del país. El estudio destaca deficiencia en la rendición de cuentas y una fuerte impunidad en los sectores de seguridad pública y administración municipal.
Entre las áreas más señaladas por los ciudadanos figuran la policía, los ministerios públicos y los trámites locales. Alrededor del 60% de los oaxaqueños reportó actos de corrupción vinculados con seguridad pública, mientras que 45% mencionó pagos irregulares en permisos, licencias o servicios municipales.
El costo promedio por víctima de corrupción en Oaxaca se estima en 3 mil 368 pesos, de acuerdo con los cálculos del INEGI. La mayoría de los pagos indebidos se registran en trámites administrativos y de seguridad, sin que se reporten avances significativos en los mecanismos de denuncia y sanción.
Aunque la prevalencia se ha mantenido estable desde 2023, la percepción de corrupción sigue en aumento, impulsada por la visibilidad de los casos en redes sociales y medios locales. Los ciudadanos consideran que la falta de castigos y la impunidad agravan el problema y desalientan la denuncia.
Así, en el gobierno de Jara, Oaxaca mantiene una imagen pública deteriorada en materia de integridad gubernamental. La persistencia de altos niveles de desconfianza hacia las autoridades y la limitada efectividad de los mecanismos anticorrupción colocan al estado entre los más rezagados del país en transparencia y combate a los abusos de poder.
