POLÍTICA EXPRÉS | * Rocha vuelve al poder y exhibe la sombra de la narcopolítica mexicana

Rubén Rocha Moya regresó este viernes a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia, cobijado por una resolución de la Fiscalía General de la República que, según su propia versión, no encontró elementos para procesarlo. El problema político, sin embargo, apenas comienza: Estados Unidos mantiene abierta una acusación gravísima.

El Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente a Rocha y nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos, a cambio de protección política y sobornos. La propia fiscalía estadounidense advierte que esas imputaciones son alegaciones pendientes de juicio, no sentencias condenatorias. 

Pero ahí está precisamente el problema: mientras Washington sostiene una acusación penal de enorme gravedad, México responde con una investigación que termina sin elementos suficientes y permite al gobernador regresar al despacho. Dos sistemas judiciales sostienen conclusiones diametralmente opuestas. La ciudadanía queda atrapada entre soberanía, justicia, impunidad y desconfianza institucional.

Morena podrá presentar el desenlace como una victoria de la soberanía nacional frente al supuesto intervencionismo estadounidense. Sin embargo, soberanía no significa impunidad ni puede convertirse en una muralla para impedir que se investiguen seriamente acusaciones de colaboración entre autoridades y organizaciones criminales. Defender instituciones también significa someterlas al escrutinio público.

El caso Rocha trasciende al gobernador. Expone una estructura política donde la permanencia en el poder parece pesar más que la sospecha, donde una fiscalía puede convertirse en escudo institucional y donde la responsabilidad política desaparece detrás de una resolución ministerial. Esa fórmula alimenta precisamente la percepción de que México padece una narcopolítica enquistada.

No se puede afirmar, sin pruebas, que Claudia Sheinbaum haya ordenado exonerar a Rocha, ni que Andrés Manuel López Obrador haya intervenido personalmente para conseguir su regreso. Lo que sí puede cuestionarse es la decisión política de permitir que un gobernador señalado formalmente por Estados Unidos retome el poder sin una explicación pública exhaustiva y convincente.

Washington, por tanto, difícilmente dará el asunto por cerrado. La acusación permanece y Estados Unidos puede profundizar investigaciones financieras, migratorias y judiciales, además de aumentar la presión diplomática. El regreso de Rocha no cancela el expediente estadounidense; convierte su permanencia en el gobierno en un nuevo foco de tensión bilateral.

La reacción estadounidense podría ser especialmente severa porque el caso ocurre mientras Washington exige resultados contra los cárteles y sus redes de protección política. Paradójicamente, México mantiene cooperación operativa con agencias estadounidenses en decomisos y persecución criminal, pero al mismo tiempo enfrenta una crisis de confianza por el tratamiento otorgado a un gobernador acusado. 

Sinaloa tampoco permite reducir todo a una disputa diplomática. La violencia derivada de la fractura del Cártel de Sinaloa, las investigaciones sobre funcionarios y la reciente detención de Fausto Corrales reavivan interrogantes sobre acontecimientos que han sacudido la política estatal. Cada pieza fortalece la exigencia ciudadana de verdad, no solamente declaraciones oficiales. 

Rocha regresa, pero el problema permanece. Si Estados Unidos presenta nuevas pruebas o consigue testimonios adicionales, el gobierno mexicano enfrentará una disyuntiva mucho más costosa. Entonces no bastará invocar soberanía. Cuando la política convive con el poder criminal, la pregunta verdaderamente incómoda deja de ser quién gobierno, sino quién manda.