Alertan por 1,300 permisos mineros dentro de Áreas Naturales Protegidas federales, en México
Más de 1,300 concesiones mineras permanecen vigentes dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales en México, con una superficie acumulada superior a 680,270 hectáreas, advirtió la Colectiva Cambiémosla Ya.
El señalamiento ocurrió después de que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, destacó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la recuperación de 272,000 hectáreas de ANP que habían sido concesionadas para la explotación minera.
Según la colectiva, aunque esta recuperación representa un avance, todavía persiste un número importante de concesiones mineras dentro de zonas sujetas a protección ambiental.
La organización sostuvo que la Ley de Minería vigente prohíbe cualquier actividad de exploración, explotación o beneficio minero dentro de las ANP, por lo que consideró que las concesiones que continúan vigentes en estos territorios deberían ser canceladas.
“Representan un enorme riesgo para el patrimonio natural del país”, se señaló mediante un comunicado.
Recursos en áreas naturales
También se cuestionaron los recursos destinados a la conservación de las ANP, pues se señaló que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 contempló alrededor de 16.2 pesos por hectárea para la protección y manejo de estas zonas.
Para la organización, esta cantidad resultó insuficiente frente a la dimensión territorial de las áreas que deben ser vigiladas y protegidas, particularmente ante la existencia de concesiones mineras dentro de zonas de conservación.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Economía, se detalló, no han publicado los reglamentos correspondientes a la Ley de Minería, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la legislación en materia de agua relacionada con la actividad minera con lo que se obstaculiza la aplicación plena de las disposiciones.
