POLÍTICA EXPRES | * La Corte en riesgo: ministros que juegan a contentar al poder y dinamitan la certeza jurídica
La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta una crisis de credibilidad alimentada por el comportamiento de varios de sus integrantes. La tentativa de ministros como Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Hugo Aguilar e Irving Espinoza de reabrir casos cerrados viola principios constitucionales esenciales y agrava la desconfianza ciudadana.
Revisar sentencias definitivas no es innovación jurídica, sino una rendición abierta ante intereses políticos. La cosa juzgada sostiene la estabilidad democrática; sin ella, cualquier fallo definitivo puede manipularse para favorecer a gobiernos, aliados o grupos de presión. Que incluso Yasmín Esquivel haya frenado esta idea muestra la gravedad institucional.
La reforma judicial de 2024 prometió democratizar el Poder Judicial mediante elecciones populares para ministros, jueces y magistrados. Sin embargo, este experimento priorizó la afinidad política antes que la experiencia judicial efectiva. El resultado es un tribunal con integrantes técnicamente preparados, pero sin el rigor institucional que exige un órgano constitucional autónomo.
Los nuevos ministros no carecen de estudios, pero sí de formación judicial sólida. Muchos llegan desde el activismo, la asesoría gubernamental o fiscalías politizadas, donde la independencia no era esencial. Esto explica errores procesales, sesiones caóticas y decisiones que parecen obedecer más a cálculos políticos que a criterios estrictamente constitucionales.
El episodio reciente en Oaxaca lo confirma. El Congreso estatal aprobó reformas que blindaban al gobernador Salomón Jara en el proceso de revocación de mandato. Ocho ministros invalidaron esas trampas, pero Hugo Aguilar votó a su favor, argumentando representatividad municipal, pese a que expertos señalaron el evidente sesgo y su inviabilidad.
La posterior reunión entre Jara y Adelfo Regino, exjefe directo de Aguilar, alimentó sospechas de interferencia política. Aunque no existe prueba concluyente, el contexto y la cercanía histórica despiertan dudas legítimas. Una Corte con ministros susceptibles a presiones de antiguos colaboradores compromete la confianza pública y debilita el equilibrio republicano.
Reabrir sentencias no corrige injusticias, sino que destruye la certeza jurídica. En un país donde la impunidad persiste, requiere fortalecer la confianza en las instituciones, no debilitarla. Si cada administración puede modificar decisiones firmes, ciudadanos, empresas y gobiernos locales perderán toda capacidad de planear o litigar con seguridad.
Los defensores de esta reinterpretación argumentan que permitiría corregir fallos históricos injustos. Pero sin un marco constitucional claro, tal propuesta se vuelve un arma política. Abre espacios para revanchismo, manipulación jurídica y presión sobre juzgadores. El remedio resulta más dañino que la enfermedad que pretende combatir, acelerando la erosión institucional.
La Corte necesita perfiles capaces de decir “no” al Ejecutivo, no funcionarios deseosos de agradar al poder. Técnicamente, algunos nuevos ministros tienen credenciales destacables, pero la independencia no proviene del currículum, sino de la ética. Sin carácter, cualquier tribunal constitucional se vuelve un instrumento de legitimación política.
México no puede permitirse una Corte frágil o complaciente. El país requiere juristas íntegros, independientes y conscientes de que su papel es frenar excesos del poder, no validarlos. Mientras algunos ministros sigan confundiendo su función con una obligación de gratitud política, la justicia mexicana permanecerá en riesgo creciente.
