POLÍTICA EXPRÉS | * Coche bomba en Michoacán exhibe la negligencia gubernamental ante el creciente narco-terrorismo nacional
El coche bomba en Coahuayana, Michoacán, no es un ataque más: es un punto de quiebre que el gobierno intenta minimizar. La explosión del 6 de diciembre, la más potente en décadas, desmintió la narrativa triunfalista que Morena celebraba en el Zócalo mientras el país enfrentaba tácticas de guerra asimétrica.
Resulta alarmante que, pese a la gravedad del atentado, el gobierno de Claudia Sheinbaum repita el viejo libreto de López Obrador: negar, suavizar y justificar. El ataque ocurrió el mismo día del festejo por los siete años de la 4T, y el mensaje criminal fue tan claro como brutal: pueden golpear cuando quieran.
El uso de un vehículo cargado con más de 200 kilos de explosivos representa un salto táctico comparable a conflictos de Medio Oriente o Colombia en los noventa. El conductor que se inmoló confirma un reclutamiento inédito que rebasa el concepto tradicional de crimen organizado. Esto ya es narco-terrorismo en forma.
Mientras en Michoacán se levantaban cuerpos y heridos (seis muertos al momento), la FGR primero clasificó el hecho como terrorismo y horas después lo rebajó a delincuencia organizada. Esa volatilidad institucional evidencia un intento por desactivar políticamente un evento que contradice el discurso oficial de que “vamos por buen camino” en seguridad.
La reacción oficial careció de perspectiva estratégica. Helicópteros de rescate y comunicados tardíos no sustituyen inteligencia, prevención y control territorial. El llamado “Plan Michoacán por la Paz”, anunciado apenas un mes antes para contener la violencia, se evidenció insuficiente frente a un enemigo que opera ya con métodos suicidas.
El cartel señalado por especialistas como responsable del atentado, lleva años consolidando un ejército privado con capacidad logística y entrenamiento paramilitar. Su objetivo es el control territorial absoluto, desde cultivos ilícitos hasta rutas de químicos. El Estado observa, reacciona tarde y sigue sin comprender que enfrenta una estructura híbrida criminal-terrorista.
Lo más grave es la normalización social e institucional. México ha registrado al menos veinte coches bomba desde 2007, pero ninguno con la potencia y radicalización de Coahuayana. Cada escalada ha sido minimizada, y esa indiferencia acumulada permite que el narco refine tácticas y expanda su radio de acción impunemente.
El atentado del 6 de diciembre marca la entrada formal del terrorismo suicida a la violencia mexicana. Si el Estado continúa negando la dimensión del fenómeno, nunca podrá anticipar ni desarticular las redes de reclutamiento.
La coincidencia con el festejo partidista en el Zócalo subraya el divorcio entre la realidad y la propaganda gubernamental. Mientras el país ardía, la clase política celebraba victorias morales imaginarias. Los criminales lo saben y lo aprovechan: cada acto de negación oficial es un incentivo para seguir escalando su poder destructivo.
La inseguridad en México ha escalado a grado tal que no se puede enfrentar esta amenaza mirando hacia otro lado o con el fallido enfoque de “abrazos, no balazos” ni con comunicados corregidos. Se requiere inteligencia profunda, acción coordinada, apoyo internacional y reconocimiento legal de terrorismo interno. Minimizarlo solo garantiza que el próximo coche bomba será más potente, más letal y, quizá, en una gran ciudad del país.
