Otra más de Salomón: ordena privatizar el Polideportivo “Venustiano Carranza” para que un particular “lo administre mejor”
En medio de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia del gobierno estatal, el Congreso de Oaxaca, con mayoría de Morena y sus aliados, aprobó la cesión en comodato del espacio público conocido como “Villa Primavera” a un particular. La decisión, que equivale a una virtual privatización del antiguo Polideportivo “Venustiano Carranza”, fue tomada sin explicar a fondo los motivos, condiciones del acuerdo ni los criterios para beneficiar directamente a una asociación civil privada: el Instituto Euroamericano de Oaxaca.
Lo que más ha generado suspicacia es que, según los legisladores, el Instituto Euroamericano habría aportado cerca de 13 millones de pesos para la rehabilitación del espacio, sin que hasta ahora se haya transparentado esa inversión ni se conozcan los términos del acuerdo previo con el Gobierno del Estado. Tampoco se explicó por qué dicha inversión privada no se hizo pública en su momento, ni bajo qué condiciones se permitió a una entidad privada intervenir en un inmueble de propiedad estatal.
La Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales justificó la decisión señalando que se trató de una petición del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, y que fue avalada tras un análisis interno. No obstante, este dictamen no incluyó datos clave, como la razón por la que el gobierno no optó por una licitación pública o por una convocatoria abierta para administrar y mantener el espacio deportivo, lo cual genera dudas legítimas sobre favoritismo y falta de rendición de cuentas.
De acuerdo con el informe oficial, la rehabilitación de “Villa Primavera”, ubicada en el Barrio de Jalatlaco, representó una inversión conjunta de más de 24 millones de pesos. De esta cifra, el Gobierno estatal aportó casi la mitad. Sin embargo, la mayor parte de la administración y operación quedará ahora en manos del particular que hizo el resto del gasto. Lo más grave: ni el Congreso ni el Ejecutivo explicaron si los servicios que se brindarán en las instalaciones seguirán siendo gratuitos o pasarán a cobrarse, lo cual afectaría directamente a la población usuaria.
Este tipo de decisiones, tomadas sin consulta pública ni procesos abiertos, refuerzan la percepción de opacidad en la gestión de los bienes comunes. Que un espacio deportivo y cultural de alto valor para la ciudadanía haya sido entregado en comodato sin criterios claros ni contrapesos suficientes plantea dudas serias sobre el compromiso de las autoridades con la transparencia, la equidad y el acceso universal a los servicios públicos.
