Oaxaca: un manto de impunidad oficial protege el crimen de Estado y desaparición de la activista Claudia Uruchurtu Cruz

La noche del 26 de marzo de 2021, el silencio se apoderó de Asunción Nochixtlán tras una protesta ciudadana. Claudia Uruchurtu Cruz, valiente defensora de derechos humanos, caminaba frente al Palacio Municipal exigiendo justicia. No sabía que sus denuncias sobre desvíos millonarios de recursos públicos habían sellado ya su destino.

Testigos aterrados observaron cómo Juan Antonio, escolta de la alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta, interceptaba a la activista con violencia. La subieron por la fuerza a una camioneta municipal, transformando una demanda social en un crimen de Estado. Aquel vehículo rojo partió velozmente hacia el paraje Inuyende, perdiéndose en la oscuridad.

En la zona de La Raya, tres detonaciones quebraron el aire de la montaña, marcando el posible final de una vida dedicada a la transparencia. Los perpetradores regresaron después para borrar huellas, intentando ocultar el cuerpo de quien incomodaba a la alcaldesa. Desde ese instante, el paradero de Claudia es un misterio.

La motivación del crimen era económica y política: Claudia documentó el desvío de más de ocho millones de pesos del erario municipal. Ese dinero, presuntamente, financió la campaña de una candidata de Morena para la diputación local, dinero que hasta la fecha no ha sido recuperado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La corrupción municipal no toleró que una ciudadana mexico-británica exhibiera sus redes de complicidad y saqueo.

Tras la denuncia de su madre, la maquinaria institucional se movió con lentitud burocrática frente a la desaparición forzada. Operativos de búsqueda peinaron Nochixtlán y municipios colindantes, pero los resultados fueron nulos desde el inicio. Las autoridades federales y estatales simulaban una eficiencia que no lograba localizar ni un solo rastro.

En mayo de 2021, la presión internacional forzó la detención de la alcaldesa Huerta y sus principales cómplices. Se les vinculó a proceso por su responsabilidad intelectual y material en este ataque directo a la democracia. Parecía que la justicia oaxaqueña finalmente sentaría un precedente histórico contra la impunidad política.

Aunque originalmente un juez del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca la declaró culpable de desaparición forzada en perjuicio de la activista, la jueza de control María Teresa Quevedo Sánchez reclasificó el delito a obstrucción de la justicia al momento de dictar la pena el 15 de diciembre de 2022.

La sentencia contra Lizbeth Victoria Huerta fue de 4 años y 2 meses de prisión. Periodistas, defensores de derechos humanos y familiares denunciaron que había sido beneficiada por razones políticas. Sus cómplices recibieron penas de hasta 60 años, evidenciando una disparidad que ya anunciaba favoritismos. La familia Uruchurtu, aunque insatisfecha, veía una luz de esperanza en el castigo de los culpables.

Sin embargo, el panorama político cambió drásticamente con la llegada de Morena —el partido de Huerta— al gobierno del estado de Oaxaca. Bajo su administración, las estructuras judiciales comenzaron a flaquear ante los intereses del partido en el poder. La protección política hacia Lizbeth Victoria Huerta se volvió evidente en las salas de justicia.

En diciembre de 2024, una polémica reclasificación del delito permitió que la exalcaldesa obtuviera su libertad de manera inmediata. Los jueces redujeron su responsabilidad, ignorando los estándares internacionales sobre desaparición forzada cometida por funcionarios. El mensaje fue que los lazos políticos valen más que la vida de una activista.

Las hermanas de Claudia, Elizabeth y Sara, han denunciado este encubrimiento como un acto de traición a las víctimas. Señalan directamente al gobierno de Oaxaca por permitir que la justicia se doblegara ante compromisos de campaña. La impunidad se convirtió en la política oficial, dejando a la familia en total desamparo.

Mientras Huerta disfruta de su libertad, Jhoan Ricardo Matus, otro implicado, intentó seguir el mismo camino mediante amparos. La lucha jurídica se trasladó a los tribunales federales, donde la familia Uruchurtu resiste contra el olvido. Cada audiencia es una batalla dolorosa contra un sistema diseñado para proteger a los suyos.

Recientemente, en febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó los beneficios otorgados a los perpetradores. El máximo tribunal exigió juzgar con perspectiva de género y valorar el contexto de violencia política. Esta resolución representa un tanque de oxígeno para una búsqueda que cumple ya cinco años ininterrumpidos.

A pesar de los fallos judiciales, el cuerpo de Claudia Uruchurtu Cruz sigue sin aparecer en la geografía oaxaqueña. Las promesas de búsqueda interinstitucional se han vuelto discursos vacíos que no ofrecen consuelo ni verdad a sus deudos. La tierra de Nochixtlán guarda un secreto que el poder se niega a revelar.

El caso de Claudia es hoy un emblema de las fallas estructurales y la corrupción que devora a México. Representa el riesgo mortal de denunciar el desvío de recursos públicos cuando el perpetrador ostenta un cargo. Su ausencia es una herida abierta que sangra impunidad en cada rincón del palacio estatal.

A cinco años de su desaparición, el grito de justicia resuena con fuerza: «Hasta encontrarte, Claudia». La familia llevará el caso ante instancias internacionales, calificándolo como un crimen de lesa humanidad. Mientras la verdad permanezca oculta, el Estado mexicano seguirá siendo cómplice del silencio y del fuego asesino.