Oaxaca: abogado acusa al consejero jurídico del Estado de pretender usar expropiación como arma política contra particulares
Este jueves 26 de marzo, el abogado Enrique Toro Ferrer presentó una denuncia pública contra el consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, a quien acusa de instrumentalizar la ley de expropiación recientemente, aprobada por el congreso del Estado, como herramienta política para despojar a particulares de sus propiedades. Según el litigante, esta práctica viola derechos fundamentales y busca beneficiar intereses gubernamentales en detrimento de los afectados. La acusación surge en medio del conflicto por terrenos expropiados en la ex fábrica de triplay.
Toro Ferrer denunció que los decretos expropiatorios emitidos son inválidos desde su origen, careciendo de los requisitos legales básicos para su validez. Afirmó que se han utilizado argucias administrativas para justificar acciones que, en su opinión, configuran un despojo sistemático. Aseguró haber documentado irregularidades en múltiples casos, los cuales ahora expone para exigir transparencia y justicia.
En el caso específico del Parque Primavera Oaxaqueña, el abogado reveló avalúos que ascienden a 430 millones de pesos por los predios involucrados. Considera que estas cifras demuestran la magnitud del patrimonio privado en disputa y la supuesta intención de subvalorar o ignorar los derechos de los propietarios legítimos. Exigió revisión inmediata de los montos.
Además, Toro Ferrer denunció represalias directas por su labor de defensa de los particulares afectados. Aseguró que sus actuaciones judiciales han generado persecución y obstáculos por parte de autoridades, incluyendo intentos de desacreditar su trabajo profesional. El litigante vinculó estas acciones a su persistencia en cuestionar las expropiaciones promovidas por la actual administración estatal.
El conflicto se centra en la construcción del Parque Primavera en San Juan Chapultepec, donde el gobierno estatal expropió terrenos de la antigua fábrica de triplay para un proyecto público. Toro Ferrer, quien representa a supuestos dueños, ha interpuesto amparos previos que fueron rechazados por tribunales federales, aunque ahora eleva sus cuestionamientos al ámbito político.
Hasta el momento, el gobierno de Oaxaca no ha respondido oficialmente a estas nuevas acusaciones. Las autoridades han sostenido en resoluciones judiciales anteriores que los documentos presentados por Toro Ferrer carecían de validez, otorgando certeza jurídica al decreto expropiatorio. El caso sigue en desarrollo y podría generar nuevas acciones legales en los próximos días.
