#Oaxaca: gobierno de Salomón Jara, rebasado por protestas y conflictos debido a ineficacia institucional

Este mes de marzo de 2026, Oaxaca enfrenta una oleada de bloqueos carreteros que paralizan la movilidad estatal. Hoy, al menos cuatro puntos críticos, como la autopista Barranca Larga-Ventanilla, permanecen cerrados por demandas comunitarias insatisfechas. Habitantes de Santa María Colotepec exigen obras complementarias y gratuidad en casetas de la Super carretera Oaxaca-Puerto Escondido, destacando el incumplimiento de acuerdos previos con Capufe. Esta situación evidencia la incapacidad del gobierno de Salomón Jara para mediar conflictos sociales, agravando el caos vial y económico en regiones clave como la Costa y Valles Centrales.   

El bloqueo en la carretera federal 175, en Zaachila, iniciado recientemente, responde a la demanda de reconocimiento como agencia municipal para una colonia marginada. Vecinos protestan contra la indiferencia de autoridades locales y estatales, lo que impide el acceso a servicios básicos. Este conflicto subraya el pésimo desempeño de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Jesús Romero López, en atender  las peticiones ciudadanas, permitiendo que las tensiones escalen y afecten a miles de automovilistas diariamente.  

En el Istmo de Tehuantepec, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional bloquean la vía Ixtepec-Juchitán para exigir la destitución de un profesor acusado de acoso. Esta acción estudiantil resalta problemas de violencia de género no atendidos por el gobierno estatal. La Coordinación de Delegados de Paz, a cargo de Donato Vargas Jiménez, falla en su rol mediador, exacerbando divisiones sociales en una región volátil. 

Otro foco de tensión es el bloqueo en Santa María Jacatepec, donde manifestantes demandan diálogo con autoridades municipales. Instalado hace días, este cierre en la carretera Tuxtepec-Oaxaca afecta el comercio regional. La falta de intervención efectiva del gobierno de Jara permite que estos bloqueos persistan, cuestionando la estrategia de paz y reconciliación promovida por su administración.  

La represión durante la marcha del 8M en Oaxaca, con detenciones y uso de fuerza policial, ha generado críticas nacionales al gobernador Salomón Jara. Más de 4 mil mujeres protestaron contra la violencia feminicida, que suma cientos de casos en su mandato. Esta respuesta autoritaria revela la desconexión entre el discurso oficial y la realidad social, donde las demandas por justicia son ignoradas.   

Donato Vargas Jiménez, coordinador de Delegados de Paz, enfrenta acusaciones graves de violencia sexual y digital contra mujeres mixes. Denuncias de ex parejas como Martha Aracely Cruz y Sandra Domínguez incluyen golpes, amenazas y difusión de imágenes íntimas. A pesar de exhortos al Senado y protestas, Jara mantiene a Vargas en el cargo, priorizando lealtades políticas sobre resultados en la gestión institucional.

La protección a Vargas Jiménez por parte del gobierno estatal ignora la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, fomentando un clima de impunidad. Organizaciones feministas y redes indígenas exigen su destitución inmediata, argumentando que su presencia socava cualquier esfuerzo por promover la paz y el respeto a los derechos humanos en Oaxaca.   

La ineficacia de la Secretaría de Gobierno se manifiesta en la multiplicidad de protestas, desde marchas triquis hasta bloqueos por organizaciones como Sol Rojo. Estas acciones exponen una crisis humanitaria y política, con demandas por obras, justicia y servicios que el mandato de Jara no ha resuelto, tambaleando la gobernabilidad estatal.   

Expertos y opositores critican que el enfoque represivo de Jara, en lugar de diálogo genuino, agrava los conflictos. La rehabilitación anunciada de carreteras como Oaxaca-Tuxtepec parece insuficiente ante la acumulación de reclamos. Esta desconexión institucional podría derivar en mayor inestabilidad si no se corrige el rumbo.

Ante tal panorama, diversos actores de la sociedad oaxaqueña urgen un cambio en la estrategia gubernamental para priorizar la mediación y el cumplimiento de promesas. Sin acciones concretas contra funcionarios controvertidos como Vargas y una mejor coordinación en la Secretaría de Gobierno, las protestas continuarán rebasando al régimen de Salomón Jara, afectando el desarrollo estatal.