#Oaxaca: Gobierno de Salomón Jara deja mil 900 mdp sin comprobar ante ASF del ejercicio 2024

El gobierno de Salomón Jara en Oaxaca enfrenta observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de mil 900 millones de pesos del presupuesto 2024 que no han sido justificados. A pesar de las afirmaciones del gobernador de haber solventado todo, el reciente informe del ente fiscalizador revela irregularidades en el gasto federalizado, demandando aclaraciones urgentes o sanciones a funcionarios responsables. Esto coloca a la entidad en el sexto lugar nacional por montos pendientes de justificar legalmente.

La ASF, en su revisión de la Cuenta Pública 2024, auditó alrededor de 26 mil 193 mdp en gasto estatal de Oaxaca, más mil 109 mdp en municipios, con una cobertura del 84-100%. De estos, emergieron observaciones por mil 901 mdp agregados, principalmente en rubros como educación y manejo municipal de recursos. Aunque algunos montos se solventaron durante el proceso, el saldo pendiente exige documentación comprobatoria para evitar procedimientos resarcitorios.

En educación, el foco principal de las anomalías, se observaron 575.7 mdp, con 28 mdp pendientes en programas de apoyos y posibles daños por 67.8 mdp en obras escolares. La ASF destaca la falta de comprobantes para gastos en construcción y mantenimiento, un problema recurrente en regiones con alta dispersión geográfica como Oaxaca, que cuenta con 570 municipios, muchos en zonas indígenas y rurales.

Municipios como Oaxaca de Juárez reportan 85.8 mdp por aclarar en residuos sólidos, mientras que Santo Domingo Tehuantepec acumula 268.3 mdp pendientes y Santiago Pinotepa Nacional otros 243.8 mdp. Estos casos locales contribuyen al total estatal, reflejando ineficiencias en la administración de fondos federales transferidos para salud, infraestructura y participaciones, donde solo 70.4 mdp quedan por justificar en este último ramo.

A pesar de que el gobernador Salomón Jara Cruz, de Morena, ha enfatizado el “combate a la corrupción” como eje de su administración desde diciembre de 2022, el informe de la ASF contradice sus declaraciones recientes. En ejercicios previos como 2023, el gobierno oaxaqueño solventó 238 mdp de 636 mdp observados, pero para 2024, el monto casi triplica esa cifra, generando dudas sobre la transparencia en su gestión.

Hasta ahora, las observaciones no implican obligadamente corrupción confirmada, sino fallas administrativas como subejercicios, inconsistencias en contratos y pagos sin destino acreditado. Sin embargo, si no se aclaran en los 30 días hábiles concedidos, podrían derivar en sanciones administrativas, penales o recuperación de fondos, afectando la credibilidad del gobierno estatal en un contexto de alta dependencia de recursos federales.

Oaxaca, junto a estados sureños como Chiapas y Guerrero, destaca por estos desafíos logísticos, donde la dispersión municipal complica la documentación. En el ranking nacional, la entidad ocupa el sexto puesto con mil 102.4 mdp netos, por debajo de Veracruz (5 mil 842.1 mdp) pero por encima de Guerrero (988.3 mdp), todos gobernados por Morena en 2024.

En el sexenio 2019-2024 encabezado por Andrés Manuel López Obrador, las observaciones totales ascienden a 417 mil mdp, con bajas tasas de recuperación (alrededor del 3%). Para Oaxaca, esto representa una tendencia preocupante, ya que estados como Ciudad de México o Jalisco reportan montos mínimos, sugiriendo mejores prácticas administrativas que podrían servir de modelo para mejorar la fiscalización local.

La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública de Oaxaca ha indicado en casos similares que atiende las observaciones enviando documentación adicional. Se espera una respuesta similar para 2024, potencialmente reduciendo el monto final, pero hasta ahora, la ASF mantiene las demandas de comprobación, urgiendo acciones para evitar un quebranto al erario público.

Expertos en anticorrupción llaman a un seguimiento estricto por parte del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que históricamente el 98% de observaciones quedan impunes. En Oaxaca, esto podría impactar programas sociales indígenas y de infraestructura como el Istmo de Tehuantepec, demandando mayor rendición de cuentas para restaurar la confianza ciudadana en el manejo de recursos.