Detecta ASF quebranto de 101 millones en la UABJO, de #Oaxaca, por outsourcing ilegal bajo rectoría de Cristian Carreño
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló un presunto daño patrimonial por 101.9 millones de pesos en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). El informe de la Cuenta Pública 2024 señala que la administración del rector Cristian Carreño López incurrió en irregularidades graves mediante esquemas de subcontratación prohibidos.
De acuerdo con el pliego de observaciones 024-4-99055-19-1476-06-001, la máxima casa de estudios oaxaqueña erogó recursos federales a dos personas morales. El objetivo aparente era contratar servicios especializados; sin embargo, la auditoría determinó que el personal subcontratado realizaba tareas administrativas ordinarias, violando flagrantemente la Ley Federal del Trabajo vigente.
Las investigaciones técnicas de la ASF confirmaron que las actividades desempeñadas por los proveedores externos no eran especializadas, sino propias de las áreas financieras y académicas internas. Este hallazgo desmiente la justificación contractual de la UABJO, evidenciando que se pagó por personal que ya formaba parte de la plantilla.
El monto exacto del probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal asciende a 101 millones 932 mil 183 pesos. Estos recursos, provenientes de subsidios federales para universidades públicas, fueron desviados hacia una práctica de outsourcing que está estrictamente restringida por las reformas laborales publicadas en el país desde 2021.
Esta irregularidad en la gestión de Cristian Carreño sitúa a la UABJO entre las siete instituciones educativas con mayores montos observados a nivel nacional. Junto a universidades de Sinaloa, Campeche y Veracruz, la institución oaxaqueña concentra una parte significativa de los 417 millones de pesos cuestionados globalmente.
El informe detalla que se violaron específicamente los artículos 12, 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo. Estas normativas impiden que las instituciones utilicen esquemas externos para funciones esenciales de su objeto social. La UABJO no pudo acreditar la excepcionalidad técnica requerida para validar estos pagos.
A nivel general, la Cuenta Pública 2024 de la ASF ha detectado inconsistencias que superan los 65 mil millones de pesos en gasto federalizado. En este contexto, la falta de documentación comprobatoria y la omisión en controles internos de la rectoría de la UABJO representan un foco rojo institucional.
La actual administración universitaria tiene ahora la obligación legal de aclarar y justificar el destino de los 101 millones de pesos. El proceso administrativo otorga un plazo de 30 días hábiles para presentar pruebas documentales; de lo contrario, la ASF iniciará procedimientos de responsabilidad resarcitoria contra los funcionarios involucrados en Oaxaca.
A pesar de los vínculos institucionales previos, la ASF subrayó que no existen concesiones en la rendición de cuentas. Las acciones promovidas buscan recuperar los recursos públicos o sancionar los incumplimientos detectados. La transparencia en el gasto educativo sigue siendo la principal demanda tras la detección de estos desvíos.
El caso de la UABJO refleja un patrón recurrente de mal uso de recursos transferidos en universidades públicas del país. La subcontratación indebida no solo afecta la legalidad del gasto, sino que compromete la eficiencia de la educación superior, dejando a la rectoría bajo un intenso escrutinio fiscal.
