Oaxaca: entre la belleza natural y la crisis de desapariciones; reportan 370 en 4 años

Oaxaca es un estado reconocido por sus playas paradisíacas, su gastronomía y su riqueza cultural. Sin embargo, en los últimos meses, la entidad enfrenta una crisis de inseguridad que ha puesto en jaque su imagen como destino turístico. Desapariciones, feminicidios y asesinatos de defensores de derechos humanos han encendido las alarmas entre activistas y organizaciones sociales. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, hay un registro de 370 desapariciones en los últimos 4 años.

Uno de los casos más impactantes es el de la activista mixe Sandra Domínguez y su esposo, Alexánder Hernández, desaparecidos en octubre de 2024 en el municipio de San Juan Cotzocón. Su caso no es aislado. A principios de enero de 2025, 19 hombres, con edades entre 17 y 44 años, desaparecieron cuando se dirigían a Puerto Escondido, una de las playas más visitadas de la costa oaxaqueña.

El fenómeno continuó en febrero con la desaparición de nueve jóvenes originarios de Tlaxcala en Huatulco y Zipolite. Días después, sus cuerpos fueron hallados en los límites de Oaxaca y Puebla, lo que generó indignación y preocupación entre la ciudadanía y colectivos de derechos humanos.

Para activistas locales, Oaxaca atraviesa una crisis de seguridad que no ha sido reconocida por las autoridades estatales. “Lamentablemente, Oaxaca es más que fiesta y color. La situación actual es sumamente alarmante”, señala Elizabeth Mosqueda, defensora de la asociación Consorcio Oaxaca.

Las cifras oficiales reportan que actualmente hay un total de 746 personas desaparecidas y no localizadas en el estado. Aunque Oaxaca no se encuentra entre las entidades con más desapariciones en el país y en 2024 incluso se registró una disminución en estos casos, activistas aseguran que la realidad es distinta.

De acuerdo con Consorcio Oaxaca, en el actual gobierno encabezado por Salomón Jara, han desaparecido 843 mujeres. Esta cifra contrasta con los datos oficiales y pone en evidencia la falta de confianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

Según Mosqueda, la discrepancia en las cifras responde a la omisión de las autoridades, el miedo de las víctimas y sus familias a denunciar, y la criminalización de quienes desaparecen. Esto último es una práctica que se ha normalizado desde la “guerra contra el narco”, iniciada en 2006 durante el gobierno de Felipe Calderón.

El problema no es exclusivo de Oaxaca. Fernando Escobar, investigador de Causa en Común, señala que en todo el país existe un subregistro de desapariciones debido a deficiencias en las fiscalías. Además, denuncia que en los informes mensuales de incidencia delictiva no se hacen públicas las cifras específicas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

Oaxaca también presenta irregularidades en sus estadísticas oficiales. La organización Causa en Común ha detectado que delitos graves como homicidios dolosos se reportan como homicidios culposos y que las desapariciones pueden clasificarse en categorías genéricas como delitos contra la vida o delitos contra la libertad.

Mientras que a nivel nacional las desapariciones forzadas han aumentado, alcanzando un total de 124 mil personas desaparecidas y no localizadas, Oaxaca reporta una disminución del 38% entre 2023 y 2024. Sin embargo, los registros independientes contradicen esta tendencia. Según Consorcio Oaxaca, hubo 359 desapariciones de mujeres en 2023, 370 en 2024 y 86 en lo que va de 2025.

Los datos también muestran que en Oaxaca desaparecen más mujeres (56%) que hombres (44%), a diferencia de la tendencia nacional, donde las cifras suelen ser opuestas. Esto ha convertido a la entidad en un foco rojo en términos de violencia de género y feminicidios.

Además de la crisis de desapariciones, Oaxaca es el estado más peligroso para los defensores de derechos humanos. En 2023, 58 activistas fueron asesinados, incluyendo a Cristino Castro Perea, uno de los casos más recientes.

El pasado martes, la defensora zapoteca Silvia Pérez Yescas denunció haber recibido amenazas de muerte, lo que la obligó a huir de su comunidad en Santa María Lombardo, municipio de San Juan Cotzocón. La misma región donde desapareció Sandra Domínguez, quien antes de ser privada de la libertad también solicitó medidas de protección sin obtener respuesta.

Información elaborada con datos adicionales de Tiempo Digital y Expansión.