Nombramiento estatal a exrector de UABJO, investigado por FGR, desata críticas y acusan premio a presunto desvío de recursos
El nombramiento de Cristian Éder Carreño López como subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca provocó una oleada de críticas en redes sociales. Usuarios cuestionan que el exrector de la UABJO llegue a un cargo estratégico mientras persisten observaciones federales y una denuncia penal.
El anuncio de la designación llegó apenas unos días después de que Carreño concluyera su gestión al frente de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En Oaxaca, la decisión fue recibida con desconfianza por sectores ciudadanos que consideran incongruente entregar responsabilidades financieras a un exfuncionario bajo sospecha de desvío de recursos públicos.
Las críticas se intensificaron porque la Auditoría Superior de la Federación detectó un probable daño al erario por 101 millones 932 mil 183 pesos con 57 centavos, monto que forma parte de observaciones cercanas a 103 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2024 de la universidad.
De acuerdo con la ASF, las irregularidades derivaron de la contratación de supuestos servicios especializados mediante esquemas de outsourcing ilegal, debido a que el personal desempeñaba funciones administrativas, académicas y financieras propias de la institución, práctica prohibida por la reforma federal en materia de subcontratación vigente desde 2021.
La auditoría concluyó que dichas contrataciones incumplieron diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, lo que originó el pliego de observaciones número 024-4-99055-19-1476-06-001. Posteriormente, el expediente escaló hasta convertirse en una denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República, en la que están imputados el exrector y otros funcionarios de la UABJO.
A Cristian Éder Carreño López la ASF lo identifica como la máxima autoridad universitaria durante el periodo en que ocurrieron las presuntas irregularidades. Ninguna operación pudo haberse realizado sin su aval. La universidad tuvo oportunidad de solventar las observaciones, pero el procedimiento continuó hasta la vía penal.
En redes sociales, numerosos usuarios calificaron el nombramiento como un premio a la corrupción. Diversas publicaciones cuestionaron que alguien bajo investigación y con una administración observada por el manejo de recursos públicos ahora participe precisamente en la planeación e inversión del presupuesto estatal.
Entre los mensajes más compartidos predominó la preocupación sobre la falta de rendición de cuentas. Usuarios señalaron que antes de asumir una responsabilidad en el manejo financiero del estado deberían esclarecerse plenamente las observaciones formuladas por la autoridad fiscalizadora y el avance de la denuncia presentada ante la FGR.
También aparecieron señalamientos sobre presuntos compadrazgos dentro. Diversas cuentas locales y comentaristas vincularon el nombramiento con acuerdos políticos con Farid Acevedo López, derivados de la sucesión en la rectoría de la UABJO, alimentando el debate público sobre transparencia.
Las publicaciones críticas recuerdan además otros problemas financieros registrados durante administraciones recientes de la universidad, entre ellos observaciones relacionadas con pagos cuestionados y anomalías administrativas. Ese contexto fortaleció la percepción de desconfianza expresada por numerosos usuarios respecto al nuevo encargo conferido al exrector.
Aunque también hay mensajes de felicitación emitidos por cuentas institucionales y simpatizantes del gobierno, el tono predominante en la conversación digital fue de indignación. La cercanía temporal entre la salida de la rectoría y el ingreso a la Secretaría de Finanzas alimentó cuestionamientos sobre los criterios utilizados para la designación.
El caso permanece abierto y las críticas continúan creciendo conforme aumenta la difusión del nombramiento y de las observaciones federales. Para los ciudadanos, la controversia refleja la exigencia de que el servidor público debió solventar los observaciones que pesan sobre su administración en la UABJO, antes de asumir otra responsabilidad.
