Más corrupción en el gobierno de Salomón Jara; en el Instituto de la Función Registral, su director reedita el «Cartel del despojo»
Surgen nuevas acusaciones de corrupción en la administración encabezada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. Según denuncias ciudadanas, el gobierno no tiene control sobre sus servidores públicos, lo que ha derivado en abusos y prácticas ilegales en varias dependencias. Estas situaciones sugieren que algunos cargos se han convertido en espacios de recaudación para beneficiar a aliados políticos.
Uno de los casos involucra a Giovanni Riaños Saguilán, director del Instituto de la Función Registral, antes Registro Público de la Propiedad. Según una denuncia transmitida en un noticiero radial, este funcionario está utilizando su puesto para obtener beneficios económicos, cobrando a los ciudadanos grandes cantidades por trámites que, por ley, deberían ser gratuitos.
De acuerdo con las denuncias, desde el Instituto de la Función Registral se está reeditando un nuevo “Cártel del despojo”. Se acusa a Riaños Saguilán de lucrar con inscripciones de grandes condominios, sin reportar los recursos a la Secretaría de Finanzas. Estas acciones recuerdan las prácticas criticadas al gobierno anterior, pero ahora replicadas dentro de la administración de Salomón Jara.
Los denunciantes aseguran que, a pesar de las advertencias, Riaños Saguilán no solo se burla de los afectados, sino que presume contar con influencias y protección a nivel estatal. Estas declaraciones han generado indignación, ya que refuerzan la percepción de impunidad en su actuar.
Las acusaciones también incluyen la supuesta omisión de más de mil trámites cuyos pagos ya fueron recaudados por Riaños Saguilán, pero que nunca ingresaron a las arcas gubernamentales. Esto no solo afecta a las finanzas públicas, sino que deja a miles de ciudadanos sin certeza jurídica sobre sus propiedades.
Otro problema señalado es la dilación intencionada de trámites que deberían resolverse en un día, pero que son extendidos hasta dos meses. Para agilizar estos procesos, los ciudadanos denuncian que deben pagar sobornos. Este esquema evidencia un abuso de poder que demanda sanciones inmediatas.
Las personas afectadas exigen que se investiguen las irregularidades y se finquen responsabilidades jurídicas contra Riaños Saguilán. Además, consideran que las sanciones deben extenderse a quienes permitieron su llegada al cargo o lo han protegido durante su gestión.
Los denunciantes aportaron folios de documentos que respaldan las denuncias, incluyendo trámites cuyos pagos no han sido reportados al gobierno. Estas pruebas fortalecen las acusaciones y subrayan la necesidad de una investigación a fondo.
Los ciudadanos afectados cuestionan si el gobernador Salomón Jara está al tanto de estas irregularidades, o se trata de una práctica autorizada por él, al tiempo que exigen que se actúe con firmeza de manera inmediata para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar justicia en beneficio de todos los oaxaqueños.
