La seguridad de Juchitán, Oaxaca, queda a cargo de la Policía Estatal y fuerzas federales tras captura del alcalde Miguel Quetu
Tras la captura del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, alias Miguel Quetu, la Policía Estatal asumirá el mando operativo de seguridad en Juchitán, con respaldo federal permanente.
La medida ocurre después de bloqueos protagonizados por policías municipales para intentar impedir el traslado del edil, detenido este miércoles 23 de septiembre.
La Policía Estatal de Oaxaca, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezará las labores operativas dentro del municipio.
El almirante Félix Quiroz Javier dirige la SSPC estatal, mientras Francisco Santiago García encabeza la Policía Estatal, corporación desplegada en Juchitán.
Marina, Defensa, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad federal mantendrán presencia para respaldar las acciones estatales y garantizar la gobernabilidad.
No existe hasta ahora un nombramiento público de un nuevo responsable único de seguridad municipal tras la detención del presidente municipal.
La Policía Municipal continúa formalmente en funciones, bajo el comisario David Vásquez Gualberto, ratificado en el cargo durante 2025.
Sin embargo, la corporación municipal permanece bajo supervisión estatal, luego de antecedentes relacionados con presuntos vínculos de elementos con organizaciones criminales.
En junio de 2025, durante la Operación Sable, autoridades estatales y federales tomaron el cuartel, C2 y C4 municipales.
Los 218 policías municipales fueron sometidos entonces a evaluaciones de control de confianza, mientras el mando operativo quedó bajo autoridades estatales.
Posteriormente, parte de las instalaciones regresó al municipio, con 40 elementos destinados a vigilancia preventiva y otras funciones bajo responsabilidad estatal.
La captura de Sánchez Altamirano no modifica esa estructura, sino que refuerza el esquema de seguridad estatal y federal vigente.
El alcalde y Carlos Alberto de la Paz López, alias “La Parca”, fueron detenidos por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
Autoridades los relacionan con “Los Cromos”, célula vinculada al CJNG, señalada por actividades como cobro de piso y narcomenudeo.
