Alcalde de Juchitán es trasladado al Altiplano tras captura por extorsión y delitos contra la seguridad
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada envió al penal de máxima seguridad del Altiplano al alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, detenido junto con Carlos Alberto de la Paz López, ambos señalados por presuntos delitos relacionados con una estructura criminal que opera en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Ambos fueron aprehendidos este miércoles durante un operativo interinstitucional encabezado por SSPC, Semar, Defensa, Guardia Nacional y Fiscalía de Oaxaca, mediante órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. La Fiscalía estatal confirmó posteriormente el traslado de los detenidos a un centro penitenciario federal correspondiente.
Las autoridades vinculan a Sánchez Altamirano y De la Paz López con Los Cromos, célula señalada oficialmente como vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, dedicada presuntamente a extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio en la región del Istmo de Tehuantepec, según investigaciones federales.
El despliegue incluyó dos drones Elbit Hermes 450 y Arcturus T-20 para inteligencia, localización y apoyo táctico, además de doce vehículos blindados tipo Rinoceronte de la SSPC federal y un helicóptero Mi-17 de la Secretaría de Marina. El operativo movilizó fuerzas federales y estatales en Ciudad Ixtepec y municipios vecinos.
Tras su captura, ambos fueron concentrados en Ciudad Ixtepec, desde donde Sánchez Altamirano fue trasladado por vía aérea hacia instalaciones federales, antes de continuar hasta el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, conocido como penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
Para el traslado aéreo se utilizó una aeronave bimotor turbohélice De Havilland Canada Dash 8-Q202 de la Armada de México, matrícula ANX-1231, que despegó desde la Base Aérea Militar de Ciudad Ixtepec. El movimiento permitió sacar al alcalde del estado y mantener bajo resguardo federal su traslado directamente al penal de seguridad.
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas relacionadas con los investigados, mientras las autoridades federales sostienen que el alcalde habría facilitado actividades criminales; los señalamientos deberán acreditarse ante las instancias judiciales correspondientes durante el proceso penal. Sánchez Altamirano y De la Paz López permanecerán sujetos a las decisiones del juez.
