POLÍTICA EXPRÉS | * La cobardía de los gobernadores erosiona la revocación y sofoca la democracia

POLÍTICA EXPRÉS | * La cobardía de los gobernadores erosiona la revocación y sofoca la democracia

En Oaxaca, el gobernador mantiene intacta la exigencia del 10% de firmas ciudadanas para activar la revocación de mandato, ignorando el referente federal del 3%. En un estado con 570 municipios montañosos y dispersos, esta medida convierte el mecanismo en un imposible, blindando su poder a costa de la democracia participativa.

La resistencia de Oaxaca no es un hecho aislado. Representa la postura común de varios gobernadores que, temerosos de la voz ciudadana, han elevado artificialmente los requisitos. Con ello, sacrifican el empoderamiento colectivo en favor de su seguridad política, demostrando un miedo lastimoso a rendir cuentas ante la ciudadanía.

En Guerrero, el panorama es idéntico. El umbral del 10% se vuelve una muralla que desconoce la realidad de marginación, dispersión y violencia que caracteriza al estado. En lugar de garantizar un acceso real al derecho de revocación, se perpetúa la impunidad de líderes que rehúyen al escrutinio popular.

Chihuahua refleja la misma lógica de autodefensa. Su gobernador mantiene porcentajes superiores al 3% federal y frena reformas que permitan homologar el modelo nacional. La decisión revela no fortaleza, sino debilidad: la incapacidad de aceptar que un pueblo informado pueda cuestionar la permanencia de un gobernante que falla en su gestión.

En Hidalgo, el padrón electoral es manejable, pero la exigencia del 10% persiste como estrategia de contención. El contraste con el 3% federal no es casual; responde a un cálculo político que diluye el poder ciudadano. El mensaje es claro: limitar la participación para sostener un control absoluto disfrazado de “estabilidad”.

Sinaloa también se pliega al esquema cobarde. Al exigir 10% de firmas distribuidas en municipios específicos, se dificulta el acceso a la revocación. El gobernador, en lugar de enfrentar la evaluación pública, prefiere esconderse tras trabas legales, aun en un estado donde la seguridad y la rendición de cuentas son urgentes.

Tabasco repite la fórmula del miedo. La reciente ley que impone el 10% blinda al mandatario frente a iniciativas populares, particularmente en un contexto político polarizado. Esta decisión exhibe un pavor evidente a que el umbral vinculante del 40% de participación pueda activarse con mayor facilidad si se respetara el 3%.

Zacatecas perpetúa esta práctica al exigir el 10% de firmas distribuidas territorialmente. Su gobernador, lejos de seguir el modelo nacional, prefiere atrincherarse en un esquema que sofoca el derecho ciudadano. La medida no fortalece la gobernabilidad: solo prolonga la vulnerabilidad democrática de un estado que clama por justicia electoral efectiva.

Baja California se suma a esta lista de entidades que ignoran el estándar federal. Su ley, cercana al 10%, revela un temor compartido por la mayoría de mandatarios estatales, salvo contadas excepciones. La negativa a homologar con el 3% expone un patrón institucional de miedo y autodefensa contra la ciudadanía.

La excepción es Yucatán, que adoptó con coherencia el 3% federal. Su decisión demuestra que confiar en el pueblo no debilita, sino fortalece la democracia. Mientras Oaxaca y otros estados se ocultan tras cifras infladas, Yucatán prueba que la verdadera valentía política consiste en aceptar el juicio ciudadano sin reservas.

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