Gobiernos del PRI y Morena son iguales; actúan con negligencia y omisión ante derechos humanos
Cinco organizaciones de la sociedad civil alertaron hoy que hay continuidad, retrocesos, simulación, omisión, negligencia, corrupción, falta de autonomía en los poderes del Estado y desinterés tanto de los gobiernos del PRI como de Morena, en materia de derechos humanos en Oaxaca.
Durante la presentación del cuarto informe sobre derechos humanos en la entidad, en esta ocasión titulado “Entre el PRI y Morena: retrocesos, impunidad y simulación”, que abarca los años de 2018 a 2023, el represente de la AC Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid, aseguró que existe una grave falta de transparencia y de priorización de los derechos humanos en la asignación presupuestaria.
Encontramos una profunda discordancia entre el discurso oficial y la asignación real, pues es imposible saber en qué acciones se ejecutan los montos asignados, por ejemplo, a la política transversal de igualdad de género, dijo en la lectura de un pronunciamiento firmado por las cinco organizaciones.
Los órganos autónomos claves para la política de derechos humanos y procuración de justicia, sostuvo, están supeditados al poder oficial y afirmó que prueba de ello son los procesos de elección de los últimos dos fiscales y del titular del órgano descentralizado Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Oaxaca (CEAV).
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La violencia machista, agregó Leyva Madrid, permea todos los niveles de Gobierno, diversos personajes señalados y denunciados por violencia de género fungen como funcionarios de alto nivel en el Gobierno del Estado, como es el caso de Donato Vargas Jiménez, denunciado por violencia familiar y señalado por participar en redes sociales, de carácter pornográfico, en perjuicio de mujeres indígenas.
El representante de Educa también destacó la militarización en las zonas donde pueblos indígenas luchan contra la imposición de megaproyectos, la violencia feminicida, el asesinato de 47 personas defensoras en el estado durante este periodo, y la impunidad, la contaminación del agua y el aire, entre otros.
En este último periodo, desde el 2018 existió una alternancia política a nivel federal y el último año a nivel estatal con la llegada de Salomón Jara a la gubernatura. Sin embargo, y pese a la retórica de Estado se han profundizado las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca”, señaló.
Marcos Leyva enumeró una serie de exigencias entre las que se encuentran un presupuesto suficiente, etiquetado, transparente, con indicadores medibles y accesibles para evaluar la política pública de derechos humanos, la independencia real de los órganos autónomos de derechos humanos, y detener la presencia de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en las comunidades indígenas donde se pretende imponer megaproyectos, y armonizar el marco jurídico estatal con estándares internacionales impulsando reformas de los marcos constitucionales para garantizar el reconocimiento y ejercicio pleno de derechos de pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, al territorio y a un medio ambiente sano.
También instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a generar un mecanismo de seguimiento con rendición de cuentas anual respecto al cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado mexicano en todos los ciclos del Examen Periódico Universal (EPU), “ya que a 15 años de evaluación del Estado Mexicano no han existido avances respecto a los ejes fundamentales de derechos humanos.
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