Dan prisión preventiva a Ruffo y coacusados; PAN y oposición denuncian “cortina de humo” para encubrir a gobernadores morenistas
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva para ocho personas, incluido Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y figura clave de la oposición. El juez federal ordenó su traslado este domingo al Cefereso 1 El Altiplano tras una audiencia maratónica. Los imputados enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.
Según la FGR, Ruffo y otros cuatro presuntamente integraban una red que evadía impuestos y facilitaba el tráfico ilegal de combustibles. La detención se dio en Tijuana y generó inmediata reacción política. La hija del exgobernador denunció irregularidades en el proceso y exigió un juicio justo.
El PAN, a través de su presidente Jorge Romero, calificó la acción como una cortina de humo para distraer la atención pública. Acusó al gobierno de utilizar la justicia selectivamente contra opositores mientras ignora casos más graves. La detención ocurre en medio de crecientes críticas a Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Somos México exigió la liberación inmediata de Ruffo y denunció la medida como una “infamia absoluta” e ilegal. Su dirigente calificó al exgobernador como preso político y señaló que la acción busca desviar el foco de escándalos que involucran a gobernadores de Morena. La oposición unificada elevó el tono contra lo que considera represión.
Los partidos opositores vinculan directamente la detención con la necesidad de ocultar los casos de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, Marina del Pilar Ávila en Baja California y Américo Villarreal en Tamaulipas. Estos mandatarios enfrentan señalamientos graves por presuntos nexos con el narcotráfico y corrupción, según denuncias en medios e investigaciones de la justicia de EE.UU.
Analistas y voces de la oposición advierten que esta estrategia profundiza la polarización. Mientras la FGR defiende la legalidad de la investigación iniciada hace meses, críticos sostienen que el timing político es evidente. El caso Ruffo se convierte en símbolo de la disputa entre un gobierno acusado de autoritarismo y una oposición que exige transparencia y equidad en la justicia.
