CONTRAFUEGO … “La fórmula de la mentira” por Aurelio Ramos Méndez
La sanción tiene que ser drástica, ejemplar. El gobierno federal no puede consentir el manejo antiético de las concesiones de radio y televisión del Estado, como las que con criterios mafiosos usufructúa la cadena Radio Fórmula.
En una acción equiparable al lenocinio, el director general de dicha empresa, Gustavo Villarreal, puso a disposición del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, un pack de periodistas venales, aquiescentes en adulterar la democracia.
La nación entera pudo asomarse a la letrina en que cohabitan el priista y el empresario radiotelevisivo, gracias a la grabación de una conversación telefónica divulgada por la gobernadora Layda Sansores.
En el audio el tratante de periodistas, en funciones de asesor y proveedor, le sugiere al político difundir entrevistas inventadas o a modo y aun francas mentiras.
Lo espolonea de modo elocuente: “¡Éntrale! Y rematamos con los de noticias que tú me digas”.
La traducción es humillante. “¡Éntrale!”, es el enclítico con que Villarreal busca que Alito autorice –millones de pesos de por medio—una campaña en contra de la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, por conductores de programas ligeros como Javier Pozas y Maxine Woodside.
“…los de noticias que tú me digas”, alude a todo un paquete de periodistas, del cual se menciona a Joaquín López Dóriga y Denise Maerker, pero en el que están todos los comunicadores de la empresa.
¿Quiénes? Ciro Gómez Leyva, José Cárdenas, Eduardo Ruiz Healy, Oscar Mario Beteta, Leonardo Curzio y otros famosos líderes de opinión, quienes serían los encargados de mentir, sesgar, engañar al respetable.
Con su creatividad estimulada por el olor del dinero, Villarreal agregó:
“Pero, también, ¿sabes qué podemos hacer? (…) Las preguntas que quieres que te haga las cuelo. ¿Me entiendes? Por ejemplo: ‘habló la señora (una inexistente radioescucha) de San Pedro’; no pues… y la clavamos (la pregunta). En donde tú quieras”. O sea, en el noticiario que el priista escogiese.
Es conocido el desprecio con que López Dóriga, Gómez Leyva y otros peones de Villarreal suelen referirse al periodista Carlos Pozos, Lord Molécula, a quien acusan de hacer preguntas sembradas, por encargo, a diferencia del periodismo limpio, independiente y valiente que ellos cultivan. ¡Pamplinas!
Bien harían estos comunicadores, para medirle el aceite a su credibilidad, en iniciar un hashtag con la confesión #Todossomoslordmolécula. Empezando por el más veterano, López Dóriga.
Se antoja innecesario refrescarle la memoria al acaudalado periodista con remisiones a la nostalgia. A los días en que era el Güero, el reportero consentido, el Lord Molécula de López Portillo. El encargado de hacerle preguntas “coladas”, convenidas, suavecitas al gobernante.
Conforme al contenido de la grabación difundida por Sansores, empresario y dirigente priista se salieron con la suya: dañaron a Flores. “Sí, la bajamos” de la contienda, se ufanó Alito.
Y, de paso, hicieron polvo la democracia que –de dientes para afuera—los periodistas del pack a diario dicen defender.
El asunto tiene descomunales dimensiones y amerita el retiro, sin miramiento, de concesiones.
Hablamos de una cadena de cien repetidoras, que engañó a millones de personas y adulteró un proceso electoral estatal.
Vale preguntar si Adán Augusto López ya se puso las pilas para proceder con la energía que se requiere, o si se limitará a llamar a pláticas al concesionario.
Además, si sirven para algo o están de adorno las comisiones de radio y televisión de las cámaras del Congreso de la Unión.
Y, si escucharemos alguna recriminación a Villarreal por las organizaciones defensoras de periodistas y de la libertad de expresión.
Es de esperarse que el escándalo espabilará a los arrogantes especialistas en medios y derecho a la información.
Y que los copartidarios y aliados políticos de Alito no caerán en la aberración de enderezar sus baterías en contra de quien destapó el podridero, la mandataria campechana.
Más todavía. ¿Pondrán su parte en el esfuerzo para sancionar a un periodismo amañado, mafioso, los concesionarios de las emisoras afiliadas a Radio Fórmula? ¿Rescindirán sus contratos de retransmisión?
Este escándalo debe sacar de su letargo a las dependencias –Segob, SCT– responsables de vigilar el cumplimiento de la ley por los concesionarios.
Conviene preguntarnos, ¿cuántas y cuáles otras cadenas han hecho lo mismo que Radio Fórmula con la complacencia gubernamental?
Es deseable aprovechar la coyuntura y modificar los procedimientos para la reasignación de concesiones.
En el mundo de las nuevas tecnologías la radio y la televisión todavía están vigentes.
Son numerosas las comunidades, ejidos, universidades, asociaciones de productores, sindicatos, organizaciones civiles y hasta grupos de periodistas legítimamente interesados en disponer de medios o espacios de comunicación concesionados por el Estado.
Regiones enteras del territorio nacional están virtualmente abandonadas por el periodismo, con ciudadanos que desconocen lo que sucede en su entorno más inmediato.
Comunidades a las cuales las únicas señales de comunicación moderna que llegan son… las voces marchanteadas de los Ciro, los Healy, los López Dóriga, y otros comunicadores de similar calaña…
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El anterior fue un martes negro para Alito, pero más negro aun para el periodismo.
La organización Artículo 19 informó que en los tres años transcurridos del gobierno federal, el gasto en publicidad oficial fue de 8 mil 648 millones de pesos.
Esto es, la cuarta parte de lo ejercido en igual periodo del gobierno de Peña Nieto. La 4T dejó de gastar 26 mil millones de pesos.
Según dicha organización, en 2021 fueron autorizados 3 mil 50 millones de pesos, pero el gobierno no gastó 19 por ciento de este monto; ejerció dos mil 459 millones.
Esto, que para el común de los mexicanos puede ser prueba de plausible austeridad, buena administración o aun de cicatería –nada desdeñable dada la historia de gobiernos despilfarradores–, para Artículo 19 es riesgo de desinformación:
“No usar los recursos en su totalidad conlleva el riesgo de no informar correctamente a la población sobre temas relevantes”.
¡Que aberración! ¡El derecho de la sociedad a estar informada, en manos no de los periodistas sino de los administradores oficiales!
Da grima constatar que se ha normalizado –el señalamiento de Artículo 19 da prueba de ello– un tipo de periodismo que soslaya “temas relevantes” y no da puntada sin dedal.
Un periodismo para el cual, si no hay pago de por medio no hay información, así se trate de asuntos de indiscutible utilidad social, incluso de los que pueden depender vidas humanas.
Se ha llegado al extremo de que, en la mayoría de los medios, sin factura no hay espacio para notas sobre campañas de vacunación, convocatorias a inscripciones escolares o becas estudiantiles, y hasta indicaciones para ayuda humanitaria en casos de desastre.
Artículo 19 señaló que casi la mitad de los recursos oficiales fueron asignados a diez medios, sobre todo Televisa, TV Azteca y La Jornada.
Pero no nos dijo si este sesgo se justifica o no, en función de alcances de cobertura, sectores sociales focalizados u otros factores.
Exigió, eso sí, que el Congreso regule la publicidad oficial “apegándose a lo establecido por la Corte”.
Según esta ONG, “de la debida regulación del gasto en comunicación social depende la garantía de los derechos a la libertad de expresión y a la información”.
¡Caramba! Y uno que creía que la garantía de tales derechos dependía de un buen ejercicio periodístico.
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En un alarde de seriedad y capacidad de discernimiento, veintiún gobernadores de Morena, en funciones y electos, se solidarizaron de modo irrestricto e indubitable con su colega y copartidaria Marina del Pilar Ávila.
“Rechazamos cualquier acusación de complicidad con la delincuencia, venga de donde venga’’, le manifestaron en un desplegado.
La respaldaron con tono tan decidido, que de seguro tienen pruebas de que la gobernadora de Baja California es una blanca paloma.
La acuerparon luego de que Jaime Bonilla –senador y también morenista—, en idéntica muestra de responsabilidad y seriedad, la acusó de tener pactos e incumplir acuerdos con narcotraficantes.
Según Bonilla, el vandalismo del viernes 12 en ese estado fue “un acto coordinado por los cárteles del crimen organizado como un reclamo al gobierno estatal por incumplir acuerdos”.
¿Pruebas? Ni la más leve, salvo… una narcomanta.
“El cartel Jalisco Nueva Generación le hizo un reclamo a la gobernadora con una manta inmensa, con señalamientos particulares, donde le dice que violó el acuerdo”, validó la manta Bonilla.
El senador y exgobernador dijo enseguida que Ávila es “una política sin oficio y sin experiencia”, que aplica un esquema de seguridad de gobiernos panistas.
Que el primer esposo del estado, el exdiputado del PAN Carlos Alberto Torres, impone secretarios en el gabinete.
Que se violó la Constitución al nombrar fiscal a Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien “no tenía la edad requerida” y “ha sido señalado muchas veces de tener acuerdos con los cárteles”.
Bien pilas, Bonilla señaló: “Nos tratan de confundir” diciendo que en Baja California ocurrió lo mismo que en Guanajuato y Jalisco. Y, añadió:
“No es cierto. El tema de Baja California es una falla gubernamental estatal, es una falta de oficio político, de conocimiento de lo que estaba pasando”.
¿En qué quedamos? Pues, ¿no que se trató de pactos y acuerdos incumplidos?
El Presidente acudió a respaldar a Del Pilar Ávila, pero la FGR y Adán Augusto López tienen el deber de desentrañar el caso.
Y de exigirle a la alcaldesa tijuanense, Montserrat Caballero, desencriptar su recomendación de que los delincuentes les cobren facturas no a inocentes, sino a quienes se las deben.
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“México está viviendo momentos difíciles en lo político, económico, social y ahora también en seguridad”, dijo el presidente de la Coparmex, José Medina Mora.
Lo declaró a propósito del vandalismo y la violencia desatada por la delincuencia en varias ciudades.
Añadió que “la sociedad está siendo víctima de políticas públicas ineficientes, incertidumbre jurídica, crisis económica, violencia, y un sinnúmero de hechos que afectan la vida cotidiana de los mexicanos.
Le faltó explicar a Medina Mora cuál es la parte de responsabilidad que le corresponde al sector privado en semejante estado de cosas.
Mantuvo la omertá de no mencionar jamás la asociación de empresarios con políticos y funcionarios corruptos, el usufructo por la iniciativa privada de los inmensos caudales del crimen organizado ni la colaboración de este sector en las más diversas expresiones de la delincuencia.
Pero les pidió a las autoridades coordinación entre los tres poderes del Estado “para que regrese la paz”, y se abstuvo de ofrecer colaboración concreta de los patrones en este esfuerzo.
“En Coparmex vemos con preocupación el deterioro de la vida democrática del país”, dijo, asimismo, sin explicar si aludía –por ejemplo– al deterioro de la democracia por la colusión de radiodifusores con políticos inescrupulosos.
RESCOLDOS
El caso de los 43 normalistas desaparecidos podría devolver la tenue esperanza de que la justicia tarda, pero llega. Ya está bajo arresto y será vinculado a proceso el exprocurador Jesús Murillo Karam. Hasta los ciegos podían ver graves inconsistencias en la “verdad histórica”, que estuvo a un paso de afianzarse y hacerse irreversible…
Que la justicia cojea, pero llega, es algo que, de seguro, también lo cree Rosario Robles. La extitular de Sedesol recuperó su libertad, pero resta aclarar el destino de la friolera de cinco mil millones de pesos de la Estafa maestra…
Se voló la barda el coordinador de diputados del PRD, Luis Espinoza. Blandió también otra versión de la mafiosa ley del silencio, al salir en defensa del indefendible Alito Moreno. “Tocan a uno y nos tocan a todos”, dijo, refiriéndose a los coligados en Va por México. No se quejen luego del repudio popular…
aurelio.contrafuego@gmail.com
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