Con Operación Enjambre atrapan a 111 narcopolíticos; 14 alcaldes han sido procesados

La Operación Enjambre se ha consolidado como el golpe más contundente de la administración federal contra la infiltración criminal en las alcaldías del país.
Con un corte oficial al 8 de septiembre de 2026, la estrategia coordinada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, registra la captura de 111 personas, varias de ellas presidentes municipales y funcionarios de todas las fuerzas políticas del país, desde el partido oficialista hasta la oposición.
A la fecha, 14 presidentes y expresidentes municipales han sido vinculados a proceso o encarcelados: seis de ellos de la coalición PRI-PAN-PRD, cuatro del bloque oficialista Morena-PT-PVEM, tres de Movimiento Ciudadano (MC), y un alcalde capturado que pertenecía a un partido local.
Recientemente, a través de una tarjeta informativa, las instituciones que integran el gabinete de seguridad sostuvieron que la política de Operación Enjambre es “cero impunidad”, para detener a toda persona involucrada en actividades delictivas, sin importar el cargo público ni afiliación partidista.
“Ningún servidor público que utilice su posición para favorecer, colaborar o mantener vínculos con grupos delictivos estará protegido. Las acciones de inteligencia, investigación y coordinación institucional para desarticular redes delictivas continúan”, indican en el comunicado.
Aunque el operativo se ha centrado en 10 estados, los funcionarios ligados a temas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado provienen de tres entidades: Estado de México (cuatro casos), Puebla (cuatro) y Morelos (cuatro).
En lo que respecta al resto de las personas detenidas (92%), no cuentan con afiliación partidista activa ni cargos de elección popular, pero sí se trata de exservidores públicos que ocupaban cargos de mandos operativos, directores de seguridad pública municipal, policías locales y operadores delictivos incrustados en los ayuntamientos.
Ejemplos
Destacan capturas de alto perfil, como la de María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, electa por Movimiento Ciudadano y posteriormente se afilió a Morena, vinculada a La Familia Michoacana.
Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, Puebla, electo por la coalición Morena-PT y señalado de brindar protección institucional a un grupo criminal dedicado al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y huachicol.
Ramiro González Vieyra, expresidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, quien representaba al PVEM en coalición con el partido guinda, y fue acusado de abuso de autoridad y nexos delictivos en la región.
Por parte de la oposición han sido detenidos Jesús Corona Damián, edil de Cuautla que obtuvo el cargo gracias a la coalición PRI-PAN-PRD, presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa; el panista Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, Morelos, señalado por delincuencia organizada y extorsión agravada, así como el priista Ari Patrick Mendiola Mondragón, expresidente municipal de Almoloya de Alquisiras, en el Estado de México, detenido por brindar protección a células delictivas de Michoacán.
Tampoco se salvan políticos pertenecientes a Movimiento Ciudadano. Destaca la captura de Said de Jesús Godos Luna, alcalde de Tepeyahualco, Puebla, aprehendido bajo acusaciones de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
Mandos e infiltrados
Además de alcaldes y exalcaldes, la Operación Enjambre ha desmantelado los brazos operativos de diversas alcaldías con presuntos nexos con el crimen.
De los 111 detenidos, 91% corresponden a mandos de seguridad pública, directores técnicos y policías de línea que operaban como facilitadores de la delincuencia.
Entre los golpes más significativos a las estructuras policiales se encuentran las capturas de los comisarios de seguridad de municipios mexiquenses clave como Nicolás Romero, Acambay, Tlatlaya y Coatepec Harinas. Todos ellos acusados de operar redes de extorsión institucional o de servir como halcones.
En Jalisco, las detenciones alcanzaron a los directores de Catastro y Obras Públicas de Tequila, quienes presuntamente facilitaban información fiscal de comercios locales para que el crimen organizado realizara cobros de piso.
En el mapeo realizado por El Universal, se observa que la distribución de los arrestos se concentra en tres rutas.
El epicentro de los vínculos entre gobierno y crimen organizado ocurre en el Estado de México, que acumula más de 50% de las detenciones derivadas de la mencionada estrategia (60 capturas).
En dicha entidad, la autoridad se ha enfocado en erradicar el control territorial que La Familia Michoacana mantenía sobre las policías municipales.
La segunda ruta es la del Pacífico-Centro, que integra a Morelos, Jalisco, Oaxaca y Chiapas. En esta región, la totalidad de las capturas están ligadas a la extorsión comercial, desvío de recursos y delincuencia organizada en complicidad con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Enjambre también ha llegado al Corredor de carga, conformado por Puebla y Veracruz. Esta zona acumula 16 detenidos mediante cateos simultáneos orientados a desmantelar redes policiacas que brindaban protección al robo de autotransporte.
Entre 2025 y 2026, el operativo tuvo presencia en la zona Occidente y Pacífico (Jalisco y Chiapas) con diversas intervenciones en alcaldías para limpiar direcciones de Catastro, Obras Públicas y Seguridad ligadas a la extorsión comercial interna. En dichas localidades se contabilizan 10 detenciones.
Destaca una intervención simultánea realizada en 2026 en Chihuahua, Tlaxcala y Tamaulipas en las que se desmantelaron redes de desvío de recursos públicos y colusión institucional. En dicha fase se acumulan cinco capturados.
La Operación Enjambre suma 20 sentencias condenatorias firmes dictadas, lo que se traduce en victorias ante tribunales, que comprobaron la vinculación de los acusados con el crimen organizado.
García Harfuch informó que adicional a los resultados de Enjambre, la Secretaría de Seguridad ha concretado la detención de más de 67 mil personas por delitos de alto impacto y 2 mil por extorsión en lo que va del sexenio.