Cifras de colectivas no reflejan con precisión número de feminicidios: Romero; los borran: mujeres periodistas
El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, aseguró que los feminicidios en la entidad han disminuido más del 60% durante la administración del gobernador Salomón Jara. Aunque reconoció el tema como relevante, subrayó que las cifras difundidas por colectivas feministas no reflejan la realidad oficial, lo que generó controversia entre distintos sectores.
Según Romero López, en 2023 se registraron 35 feminicidios y, entre enero y octubre de 2024, ocurrieron 15 casos, sumando 50 durante la gestión de Jara. Además, destacó que del 2022 al 2024 hubo una disminución del 60.52% en feminicidios y que el 81.2% de los responsables han sido detenidos, lo que refleja, según el funcionario, una mejoría en la persecución del delito.
El funcionario mencionó una reducción del 13.13% en agresiones contra mujeres entre 2022 y 2024. Las cifras oficiales señalan 373 casos en 2022, 396 en 2023 y 324 en el presente año. Asimismo, indicó que las lesiones dolosas disminuyeron en un 10.44% y los casos de violencia familiar bajaron en un 16.36% en el mismo período.
Sin embargo, a pesar de las cifras oficiales y optimistas presentadas por el funcionario estatal, una investigación de Citlalli López, Rocío Flores y Soledad Jarquín, de la Red de Mujeres Periodistas de Oaxaca, revela discrepancias significativas.
De acuerdo con la investigación de las periodistas, la aparente reducción en el número de feminicidios no es un tema de cifras, sino se trata de una omisión deliberada de casos en las estadísticas oficiales. Es decir, no todos los feminicidios se investigan y se registran como tales, sino que la Fiscalía los dispersa entre otros delitos en las estadísticas oficiales.
Por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 11 feminicidios entre enero y septiembre de 2024. Sin embargo, organizaciones como Consorcio Oaxaca y GESMujer documentaron 77 y 71 casos, respectivamente, en el mismo periodo. Esta diferencia evidencia posibles problemas en la clasificación u ocultamiento de los crímenes.
El reportaje resalta ejemplos como el de Alma Itzel, cuyo asesinato en 2020 no fue catalogado como feminicidio a pesar de las pruebas, y el de Judith Vianney, en el que las autoridades intentaron clasificar el caso como desaparición forzada. Estos casos reflejan patrones de impunidad y falta de rigor en la investigación.
Las periodistas destacaron que la Fiscalía General del Estado carece de personal capacitado y recursos suficientes para investigar los feminicidios con perspectiva de género. Además, señalaron que el sistema judicial perpetúa prejuicios y estereotipos, priorizando los derechos de los acusados sobre los de las víctimas.
Según las investigadoras, lejos de implementar estrategias efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres, las autoridades han optado por minimizar el problema en los registros. Esto ha generado una percepción de seguridad que no corresponde a la realidad vivida por muchas mujeres en Oaxaca.
La falta de capacitación y la negligencia en la investigación de feminicidios han resultado en sobreseimientos y cierres injustificados de casos. Esto perpetúa un ciclo de impunidad que deja a las víctimas y sus familias sin acceso a la justicia.
Las colectivas feministas y organizaciones de derechos humanos exigen mayor transparencia en la presentación de cifras, la correcta clasificación de feminicidios y la asignación de recursos para garantizar investigaciones con perspectiva de género. También demandan la implementación de políticas públicas que verdaderamente protejan a las mujeres en Oaxaca.
