Borrar casos de feminicidio, estrategia del gobierno de Salomón Jara para combatir este fenómeno en Oaxaca
Una investigación periodística realizada por Citlalli López, Rocío Flores y Soledad Jarquín, integrantes de la Red de Mujeres Periodistas de Oaxaca, concluyó que la aparente disminución de feminicidios en Oaxaca responde a la omisión deliberada de casos en las estadísticas oficiales.
En su indagatoria, las periodistas pudieron establecer que lejos de cumplir con estrategias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, las autoridades optaron por borrar los feminicidios de los registros.
Así, mientras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 11 feminicidios entre enero y septiembre de 2024, organizaciones como Consorcio Oaxaca y GESMujer documentaron 77 y 71 casos, respectivamente, en ese mismo periodo.
Esta disparidad pone en evidencia la falta de transparencia y omisiones en la clasificación de los crímenes, exponen las periodistas.
El reportaje detalla casos como el de Alma Itzel, cuyo asesinato en 2020 no fue clasificado como feminicidio pese a las evidencias. También destaca el de Judith Vianney, en el que las autoridades intentaron imponer la categoría de desaparición forzada para evitar imputar feminicidio. Ambos ejemplos ilustran patrones de impunidad y negligencia en la investigación.
En su trabajo, publicado en varias plataformas digitales, las periodistas subrayan que la Fiscalía carece de personal capacitado y recursos adecuados para abordar feminicidios con perspectiva de género.
Además, el sistema judicial perpetúa estereotipos y prejuicios, priorizando los derechos de los imputados sobre los de las víctimas. Estas deficiencias resultan en sobreseimientos y cierres injustificados de investigaciones.
Los casos de Julia, asesinada por motivos económicos, y Janeth, cuyo aparente suicidio no fue investigado como feminicidio, reflejan cómo la falta de perspectiva de género perpetúa la invisibilización de la violencia feminicida.
Estos ejemplos muestran que el prejuicio institucional y la omisión son constantes> en el sistema de justicia oaxaqueño.
Expertas como Erika Lili Díaz Cruz y Bárbara García Chávez, señalan que detrás de la impunidad existe un pacto no declarado que beneficia a los agresores y promueve el terror entre las mujeres.
Este pacto, argumentan, permite tergiversar protocolos internacionales y normativas nacionales para minimizar la magnitud de los feminicidios en Oaxaca.
Oaxaca pasó del cuarto lugar nacional en feminicidios al lugar 19, en menos de dos años, con la llegada de Salomón Jara al gobierno estatal. Este cambio refleja estrategias de ocultamiento, más que una reducción real de la violencia, exponen.
Y aunque el Código Penal del estado es robusto al definir feminicidio, la Fiscalía solo investiga como tal el 15.49 % de los asesinatos violentos de mujeres, según Consorcio y GESMujer.
La investigación documental concluye que el borrado de feminicidios no solo es una estrategia para maquillar cifras, sino también una forma de violencia institucional.
Las organizaciones feministas y las familias de las víctimas demandan investigaciones con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y cumplimiento de estándares internacionales para garantizar justicia y combatir la impunidad, precisan.
OAXACA ENFRENTE UNA CRISIS: CÓDIGO DH
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, que se conmemora cada 25 de noviembre, la ONG Código DH advirtió que Oaxaca enfrenta una crisis persistente: la violencia feminicida sigue arrebatando vidas y dejando al descubierto la ineficacia de las políticas públicas para garantizar la seguridad de las mujeres.
En un comunicado, la ONG agregó que las cifras oficiales y organizaciones locales sitúan al estado de Oaxaca entre los más peligrosos para las mujeres en México, con más de 100 feminicidios registrados en lo que va de 2024, un dato que refleja la gravedad del problema y la urgencia de soluciones efectivas.
Refiere que a pesar de que Oaxaca cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género desde 2018, los avances han sido limitados.
Ante esta situación, activistas y defensoras de derechos humanos denuncian que las medidas implementadas carecen de un enfoque integral y suelen ser reactivas, sin abordar de raíz las causas de la violencia.
Afirman que investigaciones deficientes, la falta de perspectiva de género y la impunidad alimentan un ciclo de violencia que perpetúa el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
En su misiva, señalan que las comunidades indígenas enfrentan una situación aún más alarmante, ya que la violencia contra mujeres zapotecas, mixtecas y de otros pueblos originarios es ignorada y minimizada.
Estas mujeres denuncian que el sistema no solo les falla al brindar justicia, sino que también carece de sensibilidad cultural para comprender sus contextos y necesidades, colocándolas en una doble vulnerabilidad.
En este contexto, las exigencias al gobierno de Oaxaca son claras: exige el fortalecimiento de las instituciones judiciales y de seguridad, que se implemen campañas efectivas de prevención y educación con perspectiva de género, y garantizar apoyo integral a las víctimas.
También demandan la transformación de los sistemas desiguales que perpetúan esta violencia, lo que resulta imprescindible para proteger los derechos fundamentales de las mujeres y niñas oaxaqueñas.
En el comunicado, Código DH indica que la violencia feminicida no es inevitable, y su erradicación requiere compromiso político, acciones contundentes y un cambio cultural profundo.
