Activistas acusan al gobierno de Oaxaca de impulsar ecocidio en la reserva natural Punta Colorada
Activistas ambientales de Oaxaca y Puerto Escondido exigieron a Semarnat y Profepa intervenir de manera inmediata para frenar lo que consideran un ecocidio en la reserva natural Punta Colorada, donde el gobierno de Salomón Jara inició trabajos para construir un cuartel policial y promover un desarrollo inmobiliario sin consultar a la comunidad.
Organizaciones como el Campamento Tortuguero Palmarito y Salvemos Colorada denunciaron que el Gobierno del Estado impulsa proyectos inmobiliarios de alto impacto en una zona declarada reserva ecológica. Señalan que estas intervenciones vulneran la integridad del ecosistema y responden a intereses ajenos a la conservación ambiental y al beneficio colectivo de Puerto Escondido.
Punta Colorada es clave para la biodiversidad regional: alberga cuatro especies de tortugas marinas, dos en peligro crítico de extinción. Los colectivos señalan directamente al gobierno estatal por pretender destruir 111 hectáreas de este santuario natural, pese a su importancia ecológica reconocida a nivel nacional e internacional.
La crisis estalló en septiembre, cuando miles de árboles fueron talados bajo el argumento de construir un cuartel policial. Al día siguiente, Profepa clausuró la obra al comprobar que no contaba con permisos. Ambientalistas calificaron este acto como ecocidio y despojo, señalando al gobierno de violentar la ley ambiental y agraviar a la comunidad.
A pesar de múltiples amparos que durante años han protegido la reserva, el gobierno estatal insiste en asumirse propietario del terreno y continuar la devastación, desobedeciendo resoluciones judiciales vigentes. Habitantes y defensores acusan a funcionarios y secretarios de Estado de actuar con impunidad absoluta, sin enfrentar consecuencias administrativas ni legales por los daños causados.
Los residentes de Puerto Escondido han defendido Punta Colorada por más de dos décadas. El nativo Abraham Clavel recordó que administraciones previas intentaron apropiarse del área, pero asegura que el gobierno de Salomón Jara ha llevado la ambición más lejos. Denuncia que, bajo el discurso de “transformación”, se comete devastación ambiental sin límites.
Aunque temen que la impunidad avance y los amparos pierdan eficacia, los defensores de Punta Colorada reiteran que continuarán la lucha legal y social para resguardar el territorio. Su objetivo es garantizar la preservación de las cuatro especies de tortugas marinas y evitar que proyectos inmobiliarios desplacen a la fauna de este ecosistema único.
