Fiscalía de Oaxaca omitió indagar posible vínculo entre poder político y crimen organizado en asesinato de Sandra Domínguez: Joaquín Galván
La investigación sobre la desaparición y asesinato de la defensora de derechos humanos Sandra Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández enfrenta nuevos cuestionamientos. El activista Joaquín Galván denunció que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dejó sin explorar una línea de investigación que podría resultar determinante para esclarecer el crimen.
Según Galván, desde el inicio existían elementos suficientes para considerar a Humberto Santos Ramírez como persona de interés dentro de las investigaciones. Aclaró que ello no implica atribuirle responsabilidad penal anticipada, sino cumplir con el estándar mínimo de una investigación exhaustiva, imparcial y libre de omisiones institucionales.
La activista Sandra Domínguez adquirió notoriedad nacional entre 2020 y 2021 tras denunciar públicamente la existencia del grupo de WhatsApp denominado “Sierra XXX”, donde presuntamente políticos, funcionarios y operadores regionales compartían fotografías íntimas de mujeres indígenas sin autorización. Humberto Santos fue señalado entonces como creador y administrador de ese espacio virtual.
El escándalo derivó en la renuncia de Santos a su aspiración como candidato de Morena a diputado local por el distrito Mixe-Choapan. Aunque negó la existencia del chat y rechazó cualquier responsabilidad, las capturas circularon ampliamente y al menos una víctima obtuvo medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Años después, Sandra Domínguez volvió a denunciar otro grupo denominado “Mega Peda”, donde presuntamente participaban funcionarios del gobierno estatal. Entre los nombres mencionados apareció Donato Vargas, quien continúa desempeñando funciones en el Gobierno de Oaxaca, fortaleciendo la percepción de que las denuncias alcanzaban estructuras políticas con influencia dentro de la administración estatal.
Sandra Domínguez y Alexander Hernández desaparecieron el 4 de octubre de 2024 en María Lombardo de Caso, municipio de San Juan Cotzocón. Tras varios meses de búsqueda, sus cuerpos fueron localizados el 24 de abril de 2025 en fosas clandestinas de Santiago Sochiapan, Veracruz, con impactos de arma de fuego.
Capturas de chats de WhatsApp entre Sandra y Galván.
La Fiscalía de Oaxaca ha sostenido como principal hipótesis la participación de células criminales asentadas en Veracruz, posiblemente relacionadas con actividades atribuidas al esposo de la activista. Sin embargo, familiares, organizaciones civiles y personas cercanas consideran que esa versión revictimiza a las víctimas y deja sin atender otros posibles móviles.
Joaquín Galván afirmó que, con autorización de la familia, comenzó a divulgar información relacionada con las investigaciones que Sandra desarrollaba antes de desaparecer. Sostiene que una de las últimas líneas periodísticas y de documentación apuntaba hacia Humberto Santos y Amador Jara, hermano del gobernador.
Entre las evidencias difundidas aparecen conversaciones fechadas entre agosto y septiembre de 2022. En esos mensajes, atribuidos a Sandra Domínguez, se mencionan presuntos recorridos políticos de Humberto Santos y Amador Jara, además de referencias a supuestas cuotas económicas para aspirantes y posibles vínculos con un grupo criminal originario de Veracruz.
Galván reconoce que esas conversaciones no constituyen prueba directa de participación en el secuestro o asesinato ocurrido dos años después. No obstante, considera que sí revelan un contexto, un posible motivo y una relación de conflicto que obligaban a la Fiscalía a investigar movimientos, comunicaciones y posibles intermediarios relacionados con esas personas.
Especialistas en derechos humanos sostienen que cuando una víctima había denunciado públicamente a personajes con poder político, la autoridad debe agotar todas las hipótesis antes de descartar alguna. Limitar la investigación únicamente a la delincuencia organizada, sin revisar posibles conexiones políticas, debilita la confianza pública y alimenta sospechas sobre eventuales actos de protección.
Hasta ahora no existe evidencia pública que permita imputar penalmente a Humberto Santos o a cualquier otro funcionario mencionado por Joaquín Galván. Sin embargo, la denuncia coloca nuevamente bajo escrutinio el trabajo de la Fiscalía de Oaxaca, cuya obligación legal consiste en investigar todas las líneas posibles con objetividad, respetando la presunción de inocencia y evitando que omisiones comprometan el acceso a la verdad y la justicia.
