El “Che” en avión privado: Secretario de Gobierno de Oaxaca aclara que usa aeronave de lujo para “supervisar” el Plan Juchitán
La difusión de fotografías del secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, abordando una aeronave privada reavivó el debate sobre la congruencia entre el discurso de austeridad promovido por la actual administración estatal y las prácticas de algunos de sus principales funcionarios. Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales durante las últimas 24 horas.
El funcionario apareció junto a un avión con matrícula XB-MHV, identificado como propiedad de la empresa oaxaqueña Envasadora Gugar. La compañía se dedica a la producción y distribución de refrescos y agua embotellada, un dato que incrementó el interés público sobre las circunstancias y motivos del traslado aéreo.
Tras la polémica, este viernes Romero López difundió una carta pública en la que explicó que el viaje obedeció a una “intensa agenda de trabajo en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Costa”. Según su versión, el objetivo fue atender asuntos relacionados con gobernabilidad y supervisar acciones del denominado Plan Juchitán para la Construcción de la Paz.
El secretario aseguró que el traslado no representó gasto alguno para el gobierno estatal. Sostuvo que los costos fueron cubiertos con recursos personales y que el acceso a la aeronave fue posible gracias a una amistad de varios años con el piloto, negando cualquier tipo de conflicto de interés.
Sin embargo, la explicación no ha logrado disipar los cuestionamientos. La utilización de un avión privado por parte de un funcionario que se ha identificado públicamente con causas de izquierda y que forma parte de un gobierno que reivindica la austeridad fue interpretada por diversos sectores como una contradicción política difícil de ignorar.
La controversia adquiere mayor relevancia porque el gobernador Salomón Jara ha procurado proyectar una imagen de moderación en el uso de recursos y medios de transporte oficiales. En ese contexto, la decisión de recurrir a una aeronave privada contrasta con la narrativa institucional que ha acompañado al gobierno de la llamada primavera oaxaqueña.
El aparato utilizado corresponde a un Cirrus SR22 G3 Turbo, una aeronave monomotor considerada de gama alta dentro de la aviación privada. Se trata de un modelo empleado frecuentemente por empresarios y ejecutivos para traslados regionales debido a su velocidad, autonomía y equipamiento tecnológico.
Entre sus características destacan la capacidad para transportar hasta cinco personas, sistemas avanzados de navegación digital y un paracaídas balístico que puede desplegarse en caso de emergencia. Estas prestaciones lo ubican entre las aeronaves más sofisticadas de su categoría y elevan considerablemente su valor comercial.
Precisamente por tratarse de un equipo asociado normalmente a usuarios de alto poder adquisitivo, las imágenes provocaron reacciones encontradas entre ciudadanos que cuestionan si un servidor público comprometido con causas sociales debe recurrir a medios de transporte vinculados con esquemas de privilegio.
La discusión también abrió interrogantes sobre las alternativas disponibles. Diversos usuarios en redes sociales preguntaron por qué no utilizó transporte terrestre —como lo hace el propio gobernador Jara— o incluso recursos institucionales ya existentes para cumplir con la agenda oficial sin generar percepciones de privilegio .
A ello se suma el hecho de que la empresa propietaria de la aeronave ha enfrentado en distintos momentos cuestionamientos relacionados con el aprovechamiento de recursos hídricos en comunidades oaxaqueñas. Aunque no existe evidencia pública de una relación distinta a la expuesta por el funcionario, la coincidencia alimentó la controversia.
Romero López insistió en que la relación con los propietarios de la aeronave se limita a una amistad con el piloto y rechazó cualquier beneficio indebido. No obstante, especialistas en transparencia recuerdan que en el ejercicio público la percepción ciudadana suele tener un peso similar al de las explicaciones formales.
En su pronunciamiento, el secretario también condenó comentarios dirigidos contra mujeres integrantes de su equipo de trabajo que aparecen en algunas de las imágenes difundidas. Ese aspecto fue reconocido por distintos sectores, aunque no desplazó el tema central relacionado con el uso del transporte privado.
La polémica ocurre en un estado donde amplios sectores de la población enfrentan rezagos económicos, deficiencias en servicios públicos y limitadas oportunidades de desarrollo. Por ello, cualquier señal de distanciamiento entre gobernantes y ciudadanía suele amplificarse rápidamente en la conversación pública.
Más allá de la legalidad o del origen de los recursos utilizados para el viaje, el episodio volvió a colocar sobre la mesa una discusión recurrente en Oaxaca: si la austeridad es un principio que debe reflejarse únicamente en los discursos oficiales o también en las decisiones cotidianas de quienes ejercen el poder.
