Impugnaciones y pruebas documentales colocan elección de rector UABJO al borde de la nulidad definitiva
La elección de rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), celebrada el pasado 13 de mayo, enfrenta un escenario jurídico que podría derivar en su anulación. Abogados del excandidato Enrique Martínez Martínez sostienen que las autoridades electorales cuentan con elementos suficientes para invalidar el proceso y ordenar una nueva elección.
Durante una asamblea informativa realizada este viernes frente a Rectoría, integrantes del equipo jurídico de Martínez afirmaron que los recursos promovidos contienen pruebas documentales, testimoniales y normativas que acreditan presuntas violaciones graves a los principios de legalidad, equidad e imparcialidad establecidos en la convocatoria electoral universitaria.
Los representantes legales señalaron que las impugnaciones fueron presentadas oportunamente ante las instancias correspondientes y abarcan diversas irregularidades registradas durante el desarrollo del proceso. Entre ellas destacan actos anticipados de campaña, uso de recursos de procedencia desconocida y participación de funcionarios universitarios en favor de una candidatura.
Según los promoventes, una de las principales causales de nulidad es la presunta inelegibilidad de Farid Acevedo López, quien fue declarado rector electo para el periodo 2026-2030. Argumentan que incumplió requisitos esenciales establecidos en la convocatoria y en la normatividad interna de la universidad.
La controversia se centra particularmente en la obligación de separarse de cualquier cargo público con al menos dos meses de anticipación a la elección. Los abogados sostienen que Acevedo López continuó ejerciendo funciones como titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca más allá del plazo permitido.
Para respaldar esa afirmación, fueron incorporados al expediente registros obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia. Dichos documentos señalan que el funcionario concluyó materialmente sus funciones el 31 de marzo de 2026, fecha posterior a la que habría sido necesaria para cumplir con los requisitos de elegibilidad.
La documentación también incluye información administrativa validada oficialmente el 22 de abril de 2026, donde se registra a Acevedo López como titular de la dependencia estatal durante el primer trimestre del año. Durante ese tiempo, tampoco dio cátedra en la UABJO, como establece otro de los requisitos para ser elegible. Los promoventes consideran que estos elementos constituyen evidencia objetiva para declarar nula la elección.
Los recursos legales refieren además que el entonces aspirante habría iniciado actividades de promoción desde finales de marzo, antes de la emisión formal de la convocatoria universitaria. Esa circunstancia, afirman, habría generado una ventaja indebida frente a otros participantes en la contienda.
Los representantes de Enrique Martínez sostienen que la combinación entre funciones públicas y actividades proselitistas vulneró el principio de equidad electoral. Aseguran que la normativa universitaria exige condiciones iguales para todos los contendientes y prohíbe expresamente ventajas derivadas de cargos institucionales o gubernamentales.
A las impugnaciones relacionadas con la elegibilidad se suman señalamientos sobre presuntos actos anticipados de campaña y el uso de recursos cuya procedencia no ha sido aclarada públicamente. Tales denuncias fueron presentadas desde etapas previas del proceso electoral y forman parte del conjunto de agravios.
En la asamblea también participaron estudiantes y académicos que denunciaron afectaciones al patrimonio universitario derivadas de la toma de instalaciones en Ciudad Universitaria. Los inconformes señalaron el presunto robo de equipos, mobiliario y animales pertenecientes a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Los universitarios recordaron que desde el 14 de mayo grupos de porros enviados por Farid Acevedo mantienen el control de diversos espacios administrativos, situación que ha limitado actividades institucionales y generado tensiones entre sectores de la comunidad. Por ello exigieron la liberación inmediata de las instalaciones universitarias.
Durante el encuentro, los asistentes solicitaron que las autoridades competentes resuelvan con prontitud los recursos pendientes para evitar una prolongación del conflicto. Consideraron que una determinación clara permitirá restablecer la normalidad académica y administrativa dentro de la máxima casa de estudios de Oaxaca.
El equipo jurídico manifestó confianza en que las resoluciones puedan emitirse en los próximos días. Aseguró que las pruebas aportadas acreditan violaciones sustanciales a la convocatoria y a la legislación universitaria, por lo que estiman procedente la invalidez de la elección rectoral.
Mientras continúan los procedimientos legales, el caso mantiene abierta una disputa que trasciende el ámbito electoral universitario. La acumulación de impugnaciones, documentos oficiales y denuncias sobre presuntas irregularidades coloca a las autoridades jurisdiccionales ante la posibilidad de determinar si la elección cumple o no con los requisitos de legalidad exigidos.
