Gobierno de Salomón Jara persiste en acarreos mortales pese a tragedias y familias destruidas por accidentes
A pesar de las tragedias de carretera, las víctimas mortales y las familias destruidas por accidentes ocurridos en acarreos políticos, el gobierno de Salomón Jara y Morena no escarmientan. Lejos de corregir o asumir responsabilidad, han optado por continuar estas prácticas con mayor discreción para evitar fotografías, filtraciones o condena mediática.
Información obtenida de manera extraoficial revela que el gobierno estatal, Morena y los ayuntamientos de Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán habrían rentado unos 200 vehículos para trasladar a más de ocho mil simpatizantes a la llamada “marcha del tigre”, celebrada en el Zócalo de la CDMX.
El acarreo masivo ocurrió para engrosar el acto político convocado en la Ciudad de México por los siete años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. El uso de recursos públicos y logística gubernamental volvió a ser central pese a los antecedentes fatales recientes.
La administración de Jara, que inició en diciembre de 2022 y se extiende hasta diciembre de 2025, acumula señalamientos públicos por movilizar miles de personas en condiciones precarias. Aunque no existen estadísticas oficiales que cuantifiquen accidentes derivados específicamente de acarreos, sí hay incidentes documentados que muestran patrones de riesgo repetidos.
Uno de los casos más graves ocurrió el 2 de diciembre de 2022 en la carretera Oaxaca-Tuxtepec, cuando un camión con unas 30 personas volcó tras regresar de la toma de protesta de Salomón Jara. La sobrecarga y el uso de un vehículo inapropiado provocaron la muerte de dos personas, incluidos menores.
El segundo hecho trágico se registró el 10 de marzo de 2025 en la autopista Mitla-Tehuantepec. Un autobús con 42 pasajeros procedentes de Juchitán volcó, dejando 18 muertos y ocho heridos graves. Aunque el gobierno negó que se tratara de acarreo, testimonios y publicaciones locales lo contradijeron inmediatamente. El responsable de esa desgracia fue el senador Antonino Morales Toledo, quien aspira suceder a Jara en el gobierno de Oaxaca.
Ambas tragedias exponen un patrón que se repite: movilización masiva, vehículos en malas condiciones, opacidad oficial y rápidos deslindes públicos. Las críticas se multiplican porque mientras el gobierno presume avances en seguridad vial, evade reconocer los riesgos de usar transporte saturado para fines político-partidistas.
Las estadísticas de siniestros viales en Oaxaca agravan el panorama. Entre 2022 y 2025 se han registrado más de mil 300 muertes en accidentes carreteros, una cifra que evidencia la fragilidad de las rutas estatales. Sin embargo, ninguna autoridad desglosa cuántos incidentes están vinculados a movilizaciones de corte político.
Pese a la falta de cifras específicas, hay evidencia constante de acarreos en actos de gobierno. Informes, giras regionales, informes anuales y eventos masivos de Morena han provocado paralización del transporte público y uso de recursos municipales. La discreción actual solo intenta borrar de la narrativa el costo humano de estas prácticas.
Aún con muertos, heridos y familias devastadas, el gobierno de Salomón Jara sigue repitiendo la fórmula: acarrear, negar y continuar. La maquinaria de movilización de Morena en Oaxaca no se detiene, confirmando que las tragedias pasadas no representaron un límite ético ni una lección aprendida.
